La Fiscalía Provincial de Barcelona y la Generalitat consideran que la joven parapléjica de 24 años del Garraf cumple los requisitos que prevé la ley para recibir la eutanasia.

¿Recuerdan aquello de que la eutanasia sólo se concede a las personas con una enfermedad terminal o incurable y en casos en los que ya no haya otra solución y por voluntad propia? Pues bien, este caso confirma que no es así. La afectada padece trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo, carece de movilidad completa por una lesión medular que se produjo en un intento de suicidio en 2022. Abogados Cristianos, que defiende al padre que intentó paralizar la eutanasia, alegó que la joven no está en en pleno uso de sus facultades y, además, debido a su juventud, sus posibilidades de mejoría son muy elevadas.

En un principio la eutanasia estaba prevista en verano, pero Abogados Cristinaos y el padre de la chica consiguieron paralizarla, el pasado 4 de marzo, la joven ratificó que quiere esa eutanasia.

Desde la Fiscalía sostienen que si bien el padre tiene "interés legítimo" para intervenir como demandante en el procedimiento, ella cumple los requisitos para que se le aplique la ley y asegura que la decisión de la joven es "firme, libre y autónoma" y se encuentra en situación de "contexto eutanásico".

Pero ojo, porque la Generalitat da un paso más en su informe. No sólo pide que se autorice la eutanasia, sino que recrimina al padre y a Abogados Cristianos que hayan intentado "entorpecer" el ejercicio de este derecho y "desalentar" a la chica para que desistiera y aseguran que el padre no está legitimado para intervenir y que actúa, no en defensa del derecho fundamental de su hija, sino por una "divergencia de carácter ideológico".

Por otro lado, Abogados Cristianos ha pedido que se anule el procedimiento, alegando que tanto el médico como el jurista que evaluaron a la chica "han reconocido abiertamente que falsearon su informe a la comisión, fingiendo un desacuerdo".

Para los letrados del padre, este hecho supone una “vulneración absoluta del procedimiento legalmente establecido, faltando a la verdad y vulnerando la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Asegura que “la actuación fraudulenta de los funcionarios públicos al fingir un desacuerdo vulnera el principio de buena fe procesal, ya que la prueba en que se fundamenta la decisión final es ficticia y contravino la lógica suposición de la demandante de que había informes periciales en contra de la eutanasia, lo que ha obstaculizado su derecho de defensa y le ha provocado indefensión”.

Abogados Cristianos no descarta acciones penales contra los miembros de la dupla por falsedad documental y prevaricación administrativa.

Sobre la situación de Noelia, la organización de juristas insiste en que “sus enfermedades mentales diagnosticadas afectan a su capacidad de tomar decisiones estables”. Destaca que la joven “tenía reconocida una incapacidad de 67% por su enfermedad mental previa al intento de suicidio que la dejó en silla de ruedas. Tras éste, la invalidez sólo aumentó 7 puntos al 74%”.

Además, los letrados se ratifican en que Noelia no cumple los requisitos legales para acceder a la prestación de la eutanasia puesto que “su estado de salud mejora con tratamiento y su dolor es controlable con medicación, sin pérdida de esperanza de vida y sin contexto de fragilidad progresiva”.