Merece la pena recordar a Sánchez y su: la okupación es un bulo, y a la ministra de Vivienda y su célebre: es más fácil que te roben el móvil que te okupen la casa. También a los de Yolandísima, para completar la otra parte de la Ejecutiva. Así, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, aseguró que los okupas "no existen" y que la inquiokupación es un "relato" que, a su juicio, introduce la ultraderecha en su "batalla cultural".

Con todas estas afirmaciones podemos concluir que el Gobierno, en pleno, piensa que la okupación no existe y es un bulo. Por eso llama la atención, tal y como ha podido saber Las Provincias, que la Generalitat valenciana haya creado un Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas, que incluye alarmas, puertas y equipos de seguridad.  

Todo para hacer frente a "un problema de primera magnitud que afecta a miles de propietarios" y que tiene una "incidencia directa en la convivencia, el deterioro de los barrios, la inseguridad y la vulneración de derechos fundamentales": "supone un cambio de modelo en la forma de afrontar la ocupación ilegal y la inquiocupación".

Desde el medio destacan que para evitar los allanamientos en pisos tutelados por la administración, desde el 2023, se han colocado 608 puertas antivandálicas gracias a un desembolso de 386.870 euros (IVA no incluido). Además de otras acciones como descerrajados, tabicados, cambios de puertas e instalación de puertas antivandálicas por valor de 658.366 euros (IVA no incluido).

Asimimo, se ha puesto en marcha la contratación de seguridad: "Los equipos de seguridad están presentes las 24 horas del día, realizando rondas de supervisión y controlando que sólo las personas autorizadas accedan a las instalaciones", detallan desde la Conselleria de Vivienda, destacando la inversión por valor de 759.457 euros.

Los anteriores puntos van enfocados al parque público de vivienda, pero desde la Generalitat también han impantado medidas en las viviendas privadas, como la prestación de ayudas a las víctimas, con medio millón de presupuesto. En la misma línea, se ha consolidado el sistema de compensaciones a los arrendadores afectados con la "reparación económica generada por las rentas que han dejado de percibir por la suspensión de alzamientos judiciales mediante una cuantía de 450.000 euros". Por último, también se ha aprobado un paquete de ayudas de 500.000 euros dirigido a propietarios para costear seguros antiokupación.

A todo ello se sumar la puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación, accesible a través del número 012 de información y atención a la ciudadanía de la Generalitat y la formación especializada para Policías Locales por parte del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).