Ya lo dijo el otro día Yurena, la okupa a largo plazo: "Hay gente que está dispuesta a pagar una casa con su dinero, pero a mí me salió así", y es que 'La vida está mu mala', que cantaba Tomasito. Pobres okupas, vulnerables siempre, no pagan vivienda, pero tienen que sacar dinero para sus cosas.

Por eso la inquokupa de Catalina ha convertido la vivienda que okupa en un piso de alquiler turístico: "No sé si han convertido mi casa en un Airbnb, pero sacan rentabilidad seguro realquilando las habitaciones".

La historia de Catalina de 79 años, la cuenta Eva, su hija, a El Mundo, donde muestra su "rabia interna" por lo que están viviendo: "A mi madre le digo, por salud mental, que piense que el piso está cerrado". Su inquiokupa lleva desde 2019 en la vivienda: "Porque no tengo fuerzas, si no estaba allí todos los días aunque me denunciase".

"Mi madre ya es mayor, tiene sus achaques... Por eso no le cuento ni la mitad de lo que pasa, porque no quiero que sufra más. Es consciente de que nos han inquiokupado, pero le insistí en que se mentalice de que el piso está simplemente cerrado, por salud mental".

Catalina se mudó a una vivienda unifamiliar, "con un huertecito", en Arroyomolinos, para cumplir el sueño de su marido que acababa de jubilarse. Pero para hacer realidad el deseo de vivir en el campo tuvieron que poner en alquiler su piso de 120 metros cuadrados en Móstoles. 

En septiembre de 2015 se firma un contrato de alquiler que es el origen de su "infierno" y de "tantas noches sin dormir". La inquilina era "relativamente conocida" por los vecinos y su madre trabajaba en un bar próximo, lo que hizo que se ganara la confianza de Catalina. "Que ya la conocieran en el barrio nos dio confianza, así que se lo alquilamos por 600 euros al mes. Mi padre acababa de morir y no teníamos ganas de buscar mucho...", cuenta Eva.

"Nos dijo que quería el piso para ella, su madre y su hermana, pero ha terminado viviendo con sus tres hijos, menores de 16 años por entonces, y con una pareja...".

Todo parecía marchar bien hasta que se rompió una tubería en la vivienda y acudieron para solucionarlo. En la visita vieron cómo las puertas de las habitaciones tenían cerraduras y candados, lo que hizo que el fontanero les advirtiera: "Aquí parece que vive mucha gente... Entran y salen todo el rato".

"No sé si lo usan de Airbnb, pero tengo claro que sacan una rentabilidad de mi piso seguro. Están realquilando habitaciones". Por esta razón, sumado a trastornos que ocasionaban las inquilidas, Eva y Catalina decidieron pedir a la familia que se fuera en mayo de 2019. "No enviarles un burofax fue un error... Estuve intentando quedar con ellos durante semanas para que firmaran la finalización del contrato pero sólo me dieron largas".

Enviaron el burofax, pero sin el tiempo necesario, es decir, no se les notificó con un mes de preaviso, lo que provocó que el juez en febrero de 2020, les alargara automáticamente un año más el contrato. Este respaldo judicial les valió para pasar de inquilinas a inquiokupas, puesto que dejaron de pagar el alquiler: "Al poco llegó la pandemia, y con ella la aprobación del Real Decreto ley 11-2020 por el que todos los desahucios de personas vulnerables se suspendían... Y ella fue declarada vulnerable por bajos ingresos".

"¿Y mi madre no es vulnerable? Tiene que pagar su hipoteca y suministros, además de los de ellos, y todo con una pensión muy pequeña. Ambas partes fueron declaradas vulnerables en el último juicio, celebrado en junio de 2021, pero como mi madre tiene otra opción habitacional... Ganaron ellos".

Su lógica desesperación le lleva a culpar al Gobierno, por su decreto y sus declaraciones: "Hay políticos que dicen que la inquiokupación solo supone un 0,06%... Eso no es real, somos muchos bajo este yugo. Ojalá les okupasen a esos políticos para que opinasen con conocimiento de causa... Porque ya llevo cinco años de sufrimiento".

"Solo sé que no volveré a alquilarlo nunca más. Antes prefiero que se quede vacío durante 20 años. O venderlo... Pero estoy segura de que nunca más volveré a pasar por este calvario".

Catalina también habla para el medio: "No quiero que mi hija se meta en líos por mi culpa... Es lo que peor llevo. Pero como casi no tengo fuerzas... ellos se aprovechan. No sé cómo no se respeta a las personas mayores". La señora ha recibido, al menos, las ayudas de la Comunidad para estas situaciones: "Nos han pagado 24.000 euros que tendría que haber abonado esa familia... Al final lo han terminado sufragando todos los madrileños".