En Hispanidad denunciamos la detención de una banda de okupas que utilizaban menores para declararse vulnerables, evitar el desalojo y luego alquilar o vender la vivienda. Pero el negocio no acababa ahí, también ofrecían sus servicios al legítimo propietario, a cambio de unas tarifas que oscilaban entre los 8.000 y 10.000 euros: se comprometían a echar al okupa que ellos mismos habían metido.

Esta red de okupas incluía mujeres que tienen bebés o niños de corta edad que eran contratadas por unos 500 euros para okupar la vivienda y residir en ellas fingiendo ser una familia para que cuando la policía llegara viera que se trataba de una familia vulnerable y no pudiera proceder a desalojarles: porque, recuerden que la vulnerabilidad es una de las causas por las que los desalojos no pueden producirse y una de las situaciones de vulneración es que haya niños dentro de la vivienda. 

Se trata de una práctica común entra las mafias de la okupación. Según publicaba ayer el diario El País, una investigación denominada 'caso Squatter' ha sacado a la luz las mafias que se han embolsado miles de eruos de bancos usando a las frenteadoras, mujeres que, cuando se accedía a la vivienda, se encerraban dos o tres días en el piso con niños menores de edad para simular esa situación de desamparo. 

Según ha conocido el medio, la policía usa este término derivado de frentear, "hacer frente a una situación de riesgo" y considera a estas mujeres parte de la organización criminal ya que eran conscientes de lo que estaban haciendo y cobraban por hacerlo: “acompañadas de menores que utilizan en caso de presencia policial para hacer creer que están en situación de grave vulnerabilidad”. Pasados unos días, abandonaban la vivienda que era puesta en venta o alquiler fraudulento. “Los niños más pequeños”, subraya la policía, “son los más caros”.

En el sumario se hace mención a varias mujeres identificadas en diferentes okupaciones. De una de ellas se dice que su relato era igual, aseguraba que llevaba "tres días" allí con sus hijos menores y que no se marchaba porque había sido "víctima de una estafa", un "cubano" del que no sabía decir nada más le ofreció el piso por 1.700 euros, estafa que nunca denunciaba.  

También se habla de otras mujeres más activas dentro de la banda que buscaban a otras mujeres para frentear, además daban consejos: el vigilante "no tiene derecho ni a tocar la puerta", "no abra la puerta por nada del mundo", después de que vaya la policía "ya no la echarán" porque el proceso judicial "tarda un año".