El servicio de Ginecología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha confirmado que a partir de esta semana volverán a realizar abortos quirúrgicos, 13 años después de que dejasen de hacerlo en 2012.
Hasta aquí la notica podría quedarse en un hospital más que se une a la red criminal de abortorios. Pero hay una gran diferencia: el Sant Pau es un hospital católico.
Tiene cierta coña que digan que se cometerá el crimen más cobarde y cruel, pero que no se llevará a cabo en el recinto del hospital, sino en un espacio habilitado para ello en el Hospital Dos de Maig, a una calle de distancia. Con este hospital tienen un convenio estable al que deriban los casos. Y decimos lo mismo: rompa usted el convenio.
Volviendo a la noticia, el patronato de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau –conocido como la Muy Ilustre Administración (MIA)– está formado por seis miembros: dos representantes del Ayuntamiento, dos de la Generalitat y dos del Capítulo de la Catedral de Barcelona.
Aunque Sant Pau es un hospital privado, desde 1978 está integrado en el sistema público de salud catalán. Y eso es excusa suficiente para la Generalitat, el ministerio de Salud y el Gobierno entero para forzar al centro a practicar abortos. Es decir, es hospital público, por tanto tienen que hacerse abortos, porque la Ley Montero así lo obliga.
Ahora bien, que el arzobispado diga bastante poco y nada claro y que el cadenal Juan José Omella haga oídos sordos, eso ya no. Señor Omella, debe negarse, y si pese a ello la Generalitat le obliga, abandonen su presencia secular del patronato de la Fundación. Si el hospital se cierra, que se cierre, pero un católico no puede dar como válido el aborto, menos un obispo.
