Esta semana han tenido lugar en el Tribunal Supremo de Estados Unidos las audiencias sobre un caso trascendental, que puede tener una relevancia fundamental para garantizar la integridad del sistema electoral. Así, el Alto Tribunal tiene que resolver sobre la validez de los votos por correo, que se reciben días después de la celebración de los comicios.
En una intensa audiencia, los magistrados conservadores de la más alta instancia judicial del país, parecieron asumir los argumentos de la Administración Trump/Vance y del Partido Republicano, que defienden que, para garantizar la transparencia en el recuento, es menester que los funcionarios electorales reciban los votos por correo antes del día de los comicios.
De confirmarse un fallo a favor de tal tesis, hasta catorce estados verían anuladas sus normativas que permiten un período de gracia para recibir los sufragios por correo, siempre que los electores los hayan enviado antes de la jornada electoral.
La cuestión no es baladí, en muchos de los Estados afectados por esta normativa, en los últimos comicios presidenciales, los votos recibidos en tal período de gracia, llegaban incluso hasta el 3%, un porcentaje más que relevante, sobre todo de cara a los Estados bisagra, donde en muchas ocasiones la balanza entre demócratas y republicanos se decide por un puñado de votos.
El juez Samuel Alito, uno de los pilares intelectuales del bloque conservador, se ha pronunciado así en las audiencias: “La confianza en los resultados electorales puede verse gravemente socavada si el resultado aparente de las elecciones del día después del cierre de las urnas se modifica radicalmente por la aceptación posterior de un gran alijo de papeletas”.
En un sentido similar, el juez Brett Kavanaugh, también del bloque conservador, se hizo eco de las preocupaciones sobre lo que llamó una “apariencia de fraude”, en aparente referencia a las normativas estatales que admiten el referido período de gracia.
Por el contrario, los tres jueces progresistas dejaron claro su alineamiento con los postulados demócratas, favorables a tales regulaciones.
Se espera que la decisión se conozca ya para este verano, con lo que un eventual fallo de anulación tendría aplicación para las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
