El Ministerio de Sanidad ha enviado una carta a las comunidades autónomas en la que les exige que cumplan con la ley del aborto. ¿Cuál es el problema que tiene Moni García, antes médico, después diputada de la Asamblea, ahora ministra y siempre madre?

Pues que el aborto, o la interrupción voluntaria del embarazo, es una cosa muy progresista, que según la izquierda nos hace más libres a las mujeres y más feminista, y si no lo defiendes estás en contra de los derechos humanos. Pero claro, tienes que encontrar médicos y personal sanitario que, pese a su Juramento Hipocrático, estén dispuestos a matar. En la privada, es decir, por dinero, tienes sanitarios dispuestos, pero, ¿en la red de hospitales público? Ahí comienzan los problemas. 

Lógico, ahora que acabamos de terminar en España las pruebas de acceso a la universidad, imagínense a un estudiante que logra la elevada nota que necesita para estudiar su vocación: la medicina, salvar vidas, dedicarse a la salud del prójimo. Después de mucho estudio y seis años, llegan los años de residencia, guardias, el MIR... y consiguen su sueño. Se convierten en médicos, con su plaza ya en el bolsillo y su destino asignado, comienzan el largo camino en su especialidad, para hacerse un nombre en el campo. Y ahora llega Moni García y la izquierda y la derecha en bloque y les sugieren que practiquen abortos, cuando desde los 18 años han dedicado su vida a salvar otras vidas. Pues claro, el tema se complica. Ningún médico quiere mancharse las manos. 

La Ley Montero no estableció muchas novedades, en España el aborto era más que libre, pero sí quiso garantizar un “acceso efectivo, equitativo y en condiciones de igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud”. Abortos en la pública, para entendernos. Pero según expone en su carta el secretario de Estado de Sanidad Javier Padilla: “Pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de este normativa, muchas mujeres siguen encontrando barreras -geográficas, administrativas u organizativas- que dificultan el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud”.

Según datos publicados por eldiario.es el 81,45% de los abortos registrados en 2023 se realizaron en centros privados, lo que supone una bajada de tan solo un punto respecto a 2022. "Andalucía, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no practicaron ni 50 interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos".

Moni no puede tolerar esto y su Ministerio quiere dar un paso más para “evaluar el grado de cumplimiento de la ley de salud sexual y reproductiva en lo relativo al aborto y analizar si esta prestación se está garantizando de forma efectiva en los centros sanitarios públicos”. Una vez tenga los resultados, entrarán en la siguiente fase: “inicio de procedimientos legales frente a aquellas comunidades autónomas que no estén garantizando este derecho conforme a lo establecido por la ley”.