Hace un tiempo en Hispanidad les contamos el caso de los okupas de lujo en Canarias, donde 200 de ellos han entrado por la fuerza en el antiguo Hotel Callao Sport, ubicado en la zona de Callao Salvaje en Tenerife, en el municipio de Adeje. 

El caso se destapó por las denuncias y quejas de los vecinos: "Son extranjeros, la mayoría sudamericanos, y no parecen gente vulnerable, sino personas a las que han llamado", afirmaba uno de ellos. Por si fuera poca cara, los okupas hicieron negocio y se dedicaron a vender el material del hotel.

Los okupas fueron a más, y lo denunciaron los dueños, desesperados con la situación: están alquilando las habitaciones. Entraron de manera organizada en febrero, y desde entonces están alquilando el complejo como si fuera suyo, aprovechando la falta de respuesta por parte de las instituciones y la lentitud de la justicia. 

El caso trae novedades, según cuentan los dueños, que no salen de su asombro con la respuesta del magistrado: "Hemos interpuesto una denuncia civil y otra penal. A la primera todavía no nos han respondido, pero a la segunda, el juez ha dicho que no ve indicios de criminalidad y que el desalojo preventivo es una medida desproporcionada, porque tienen derecho a defenderse".

"A mí, sinceramente, me parece surrealista que puedan decir algo así cuando es evidente que se han metido en una propiedad que no es suya, se están lucrando con ella y allí hay robos, peleas y de todo".

"Estamos hablando de más de 300 personas, porque no solo han okupado las 92 habitaciones; es que están viviendo hasta en el cuarto de basuras, el de mantenimiento, en el economato, en la recepción, en el spa… Y no es que sea algo que digamos nosotros, es que ahí están las fotos, los vídeos y las llamadas a la Policía". Pero claro, el juez da derecho a defenderse a esas 300 personas, lo que levanta la pregunta de la propiedad: "si van cambiando… ¿Cómo vamos a poder identificarles a todos? Es casi una misión imposible, porque, cuando tengamos a unos identificados, llegarán otros y el problema es que están tratando este caso como si fueran 300 viviendas okupadas y no un hotel. Y eso por no hablar de lo que puede ser que, de repente, soliciten 300 abogados de oficio". 

Mientras la justicia les da derecho a defensa a los okupas, los propietarios tienen que seguir pagando la hipoteca, impuestos y suministros: "Y la factura es cinco veces superior a la que teníamos cuando el hotel estaba en marcha, porque, claro, a nosotros se nos imponía un aforo que no podíamos superar y ahora allí entra todo el que quiere y hacen lo que les da la gana", haciendo unos gastos mensuales que superan los 30.000 euros.

La propietaria recuerda que el hotel lo tuvieron que cerrar por la pandemia y cuando quisieron abrir se vieron sin ayudas y teniendo que ponerlo en venta: "Cerramos con la pandemia e intentamos abrir en octubre, pero era imposible salir adelante porque, además, las ayudas que daba el Gobierno no eran ayudas, había que devolverlas, así que decidimos ponerlo en venta y, en febrero, justo cuando empezábamos por fin a tener visitas de compradores interesados, nos lo okuparon y así seguimos". 

Los pacíficos okupas a los que la jueza no quiere privar de defensa pidieron "250.000 euros y que les buscáramos otro sitio para vivir. Ellos lo verían y luego ya decidirían si les compensaba o no. ¿Y de verdad el juez no ve indicios de criminalidad? Porque para mí eso es un chantaje en toda regla". 

"Si hay un problema de vivienda, que yo no digo que no lo haya, porque indudablemente el Gobierno no ha hecho vivienda social en muchos años, no es un problema que nosotros tengamos que asumir como empresa privada o como particulares".