Una cosa es que no se ejecuten las órdenes de expulsión de inmigrantes que hayan delinquido y, otra, el caso que les contamos a continuación.

En septiembre del año pasado, siete inmigrantes ilegales de nacionalidad argelina de entre 14 y 17 años llegaron a la playa de Platja d’en Bossa, en Ibiza, tras cruzar el Mediterráneo en una embarcación de recreo robada cerca de Argel. Los menas grabaron la travesía y la difundieron en redes sociales. Tras su llegada, fueron identificados por agentes de la Guardia Civil, fueron puestos bajo tutela del Consell Insular de Ibiza.

Rubén Pulido explica que "a petición expresa de sus familias, el 20 de octubre, durante una reunión bilateral en Argel, el ministro del Interior argelino, Saïd Sayoud, transmitió la solicitud de repatriación a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska. Sayoud entregó «los dossiers e informaciones necesarias», incluidas las declaraciones de los padres y expresó su expectativa de recibir «una respuesta a la demanda argelina en un futuro próximo»". Ocho años después, no se ha producido tal repatriación.

La Fiscalía de Menores se muestra contraria a estas repatriaciones, escudándose en el "interés superior del menor"

Mientras la Fiscalía tramitaba el expediente de estos siete adolescentes -cuyos padres sí los reclamaban-, en Baleares se tutelaban por entonces alrededor de 300 menores argelinos no acompañados. La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, y los consells insulares pidieron reiteradamente la repatriación general, pero el Ejecutivo central y la Fiscalía de Menores se escudaron en el «interés superior del menor» y en la obligación de procedimientos individuales. A principios de este año, la respuesta oficial seguía siendo la misma: «es un proceso lento».

En febrero, el Govern balear recibió una respuesta del Gobierno central en la que se describía la repatriación como «un proceso lento». La consejera de Bienestar Social, Antònia Maria Estarellas, señaló que la Fiscalía de Menores se muestra contraria a estas repatriaciones. A fecha de abril, más de seis meses después de la petición oficial, no existe constancia pública de que los siete adolescentes hayan sido devueltos a Argelia.

Fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) de la Policía Nacional han reconocido a La Gaceta que desde hace ocho años el Gobierno ha dificultado de forma reiterada la repatriación de estos menores, incluso en casos con solicitud formal de países como Argelia. Esta actitud sistemática ha provocado que hayan dejado de presentar nuevas peticiones oficiales.

Esta situación no es nueva. Fiscales de distintas provincias han denunciado públicamente las dificultades para ejecutar repatriaciones viables. En un informe, la Fiscalía de Sevilla, a través de su coordinador de familia y protección de menores, Daniel Valpuesta, advirtió en el año 2018 que «ninguno de los cuatrocientos expedientes de repatriación abiertos había prosperado» y que los centros de menores se han convertido en «almacenes de niños» por falta de voluntad política para devolver a los menores con sus familias «con todas las garantías». 

Y, en el entretanto, asistimos a distintos casos que corroboran la estafa de los menas que se da en España. Desde el 'mena-Erasmus' hasta aquel que sus padres dejan en el país para que el Gobierno lo tutele, pasando por la inmigrante ilegal que se hizo pasar por una menor para captar niñas en centros de menores y prostituirlas en Francia.