Desconfío, por principio, de los llamados Pactos de Estado cuando quien los propone gobierna y dispone de competencias suficientes para actuar. No porque los grandes acuerdos nacionales carezcan de sentido. Lo tienen cuando una política necesita continuidad durante varias legislaturas, exige reformas legales profundas o compromete recursos que deberán sostener gobiernos de distinto signo. Pero demasiadas veces el Pacto de Estado se convierte en otra cosa: una cortina institucional para repartir responsabilidades, neutralizar a la oposición y presentar como consenso pendiente lo que, en realidad, constituye una obligación inmediata del Ejecutivo.

Pedro Sánchez ha proclamado que el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática «no es una opción», sino una obligación, y ha invitado a los grupos parlamentarios a «materializar y unirse» a él. Las palabras importan. Un pacto se negocia entre quienes van a suscribirlo; no se redacta desde el Gobierno para que la oposición se adhiera después. Tampoco sería exacto afirmar que no existe texto alguno: el Ejecutivo publicó en diciembre de 2025 una propuesta de quince ejes y ochenta medidas. Se conoce por tanto un documento gubernamental. Lo que no existe es un acuerdo político negociado con el principal partido de la oposición, con compromisos concretos, calendario, financiación y mecanismos de control. Se pide al PP que se sume a una arquitectura ya diseñada, mientras el presidente presenta la adhesión como deber moral y cualquier reserva como negacionismo.

Mi prevención aumenta cuando compruebo que buena parte de las medidas urgentes contra los incendios no necesita pacto alguno. Necesita gobierno. El propio documento oficial habla de gestión forestal activa, pastoreo, aprovechamiento de biomasa, tratamientos silvícolas, medios permanentes y refuerzo de los servicios de emergencia. Son enunciados razonables, pero muy generales. Entre tanto, las decisiones concretas siguen esperando. El fuego no se detiene con nuevos órganos consultivos, paneles de expertos o solemnes declaraciones de unidad. Se combate con montes cuidados, vigilancia, agua disponible, personal estable, coordinación y aeronaves en condiciones de volar.

Demasiadas veces el Pacto de Estado se convierte en otra cosa: una cortina institucional para repartir responsabilidades, neutralizar a la oposición y presentar como consenso pendiente lo que, en realidad, constituye una obligación inmediata del Ejecutivo

La primera obligación corresponde a la flota de grandes aviones anfibios operada por el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, no por el Ala 46. La flota estatal actual está formada por catorce aparatos, diez CL-215T y cuatro CL-415. Sin embargo, informaciones publicadas durante esta campaña sitúan entre seis y siete los aviones disponibles para operar, debido a su antigüedad (finales de la década del 60), revisiones y problemas técnicos. A ello se suma el fracaso del contrato de modernización iniciado con carácter urgente en 2022: preveía once kits, movilizaba más de veinte millones de euros y estaba vinculado al cumplimiento de un hito del Plan de Recuperación antes del 30 de junio de 2026. El plazo terminó sin modernizar los aparatos previstos y el contrato fue extinguido después de años de recursos, modificaciones y bloqueo administrativo. Los siete nuevos DHC-515 anunciados no empezarán a incorporarse hasta 2028. No hace falta el voto del PP para explicar este retraso, depurar responsabilidades, arbitrar una solución transitoria y garantizar la máxima operatividad de la flota existente.

También debería acelerarse la adaptación del A400M mediante el sistema modular de descarga de agua y retardante desarrollado por Airbus. Conviene no exagerar: todavía no existe una flota europea de A400M apagafuegos plenamente desplegada. Francia ha decidido probar operativamente un prototipo, concebido como complemento de los Canadair, no como sustituto. Pero el sistema permite transportar alrededor de veinte toneladas de líquido retardante, una capacidad muy superior a la de un anfibio convencional, y puede instalarse sin transformar permanentemente el avión. España ha participado en su desarrollo y ya anunció que equiparía sus A400M. La pregunta no es si conviene estudiarlo durante otros cuatro años, sino cuándo estarán disponibles los kits, cuántos se comprarán, qué tripulaciones se formarán y bajo qué protocolo actuarán.

El fuego no se detiene con nuevos órganos consultivos, paneles de expertos o solemnes declaraciones de unidad

La prevención terrestre exige la misma concreción. Las comunidades autónomas poseen las principales competencias de gestión forestal, prevención y extinción, pero el Estado conserva la legislación básica, fija directrices comunes y administra instrumentos decisivos, desde la política fiscal hasta las confederaciones hidrográficas. La Ley de Montes obliga a las autonomías a aprobar planes anuales y permite al Gobierno establecer criterios comunes. Por tanto, el Ejecutivo puede simplificar su normativa, coordinar estándares mínimos, impulsar ayudas y desgravaciones para propietarios, favorecer el pastoreo y la retirada de biomasa, y condicionar financiación a planes verificables. Limpiar el monte no significa arrasarlo ni convertir la conservación en tala indiscriminada. Significa gestionar combustible vegetal, abrir discontinuidades, mantener accesos y permitir que quienes viven del campo participen en su protección sin quedar atrapados en una maraña de permisos contradictorios.

Algo semejante ocurre con los puntos de agua. Abrir un pozo o ampliar una captación exige autorización o concesión y en ocasiones, información pública, incluso cuando su finalidad incluye la extinción de incendios. La solución no consiste en declarar libre cualquier extracción ni en ignorar los acuíferos, sino en crear un procedimiento rápido y específico para depósitos, balsas, tomas y pozos de emergencia; prever caudales extraordinarios durante una intervención; inventariar los puntos útiles; señalizarlos y mantenerlos accesibles. La Administración debe proteger el agua, pero también impedir que la rigidez burocrática prive a los equipos de extinción de un recurso decisivo cuando cada minuto cuenta.

El SEPRONA merece igualmente más efectivos y una planificación estacional que concentre vigilancia e investigación en las zonas de mayor riesgo. Entre sus misiones oficiales figuran la prevención, investigación y extinción de incendios forestales, además del control de la caza, la pesca, los vertidos, el maltrato animal y otras infracciones medioambientales. No se trata de abandonar estas funciones, sino de establecer prioridades razonables. Durante los meses críticos, la presencia visible en montes, caminos, áreas recreativas y explotaciones con riesgo puede prevenir negligencias, detectar conductas sospechosas y acelerar las investigaciones sobre el origen del fuego. Nada de esto impide alcanzar acuerdos duraderos sobre financiación forestal, estatuto profesional de las brigadas, coordinación interterritorial o adaptación climática. Pero el orden importa: primero gobernar; después, pactar aquello que realmente necesite estabilidad parlamentaria. Sánchez no puede convertir sus competencias en materia de negociación ni pedir a Feijóo que comparta por anticipado la responsabilidad de decisiones que corresponden al Consejo de Ministros.

La Administración debe proteger el agua, pero también impedir que la rigidez burocrática prive a los equipos de extinción de un recurso decisivo cuando cada minuto cuenta

Existe, sin embargo, una cuestión para la que el presidente sí debería acudir al Congreso: la cuestión de confianza, que es su nombre constitucional correcto. El artículo 112 permite al presidente plantearla, previa deliberación del Consejo de Ministros, y exige mayoría simple. Si Sánchez considera imprescindible un gran acuerdo nacional, si pretende agotar la legislatura y si reclama a la oposición una lealtad superior, debería comenzar demostrando que conserva la confianza de la Cámara. Que solicite el respaldo de quienes lo invistieron y sostienen su Gobierno. El PP no debe regalarle la confianza que sus socios ya no quieran darle. Los incendios requieren Estado, cooperación y continuidad; pero, sobre todo, requieren un Gobierno que gobierne y responda por lo que hace, por lo que no hace y por lo que dejó caducar mientras ahora reclama un pacto. Y, detrás de todo ello, se encuentra una determinada concepción de la política medioambiental, construida mediante leyes estatales, directrices europeas y planes hidrológicos que condicionan la actuación de las confederaciones de las cuencas. El clima del planeta nunca permaneció inmóvil: mucho antes de la industrialización conoció ciclos cálidos y fríos, alteraciones solares, grandes erupciones y prolongadas variaciones naturales. Reconocerlo no obliga a negar toda influencia humana, pero sí impide convertir el cambio climático en una explicación universal que exonere a los gobernantes de sus responsabilidades inmediatas. Los incendios se propagan por el calor y la sequía, pero también por los montes abandonados, la acumulación de combustible vegetal, la falta de agua próxima, la escasez de vigilancia y una burocracia que dificulta actuar antes de que llegue el fuego. Alrededor de la política climática ha surgido, además, una poderosa estructura industrial y financiera —energías subvencionadas, tecnologías verdes, fondos climáticos, consultorías y mercados de emisiones— cuyos legítimos intereses económicos no deberían quedar libres de examen. El problema comienza cuando la protección de la naturaleza deja de ser una política sometida a resultados y se convierte en un dogma que genera prohibiciones, negocios y coartadas, mientras el monte continúa sin limpiar.