La resolución se adoptó durante el tercer comité de la Asamblea General, que trata temas sociales, celebrado en la pasada semana del 17 de noviembre. El recuento fue como para echarse a llorar: 169 votos a favor y sólo 3 en contra, además de 4 abstenciones. Los héroes fueron Estados Unidos, Argentina y Paraguay, según nos cuenta C-Fam con su habitual maestría.

Se trata de una resolución que exige programas de censura mundial, patrocinados por la ONU para luchar contra la desinformación y los delitos de odio, es decir, para censurar a todo el que discrepa del discurso oficial en asuntos como el aborto, los trans, la inmigración y el cambio climático.

No es la primera vez que Naciones Unidas adopta una resolución de este tipo. La primera fue hace dos años y contó con el apoyo de la Administración Biden. El texto aprobado ahora ratifica el régimen de censura global emprendido en su momento por el Departamento de Estado de EEUU bajo la Presidencia de Joe Biden, naturalmente, las agencias de Inteligencia de aquel país y la Unión Europea de Ursula von der Leyen.

La novedad más sobresaliente es que la resolución otorga más autoridad al secretario general de la ONU, António Guterres, y a otros organismos de la ONU para determinar las políticas de censura aplicables en todo el mundo y, atención, a todas las empresas privadas. La responsabilidad de censurar, en cualquier caso, será de los estados.

La resolución también respalda los Principios Globales para la Información de Naciones Unidas, impulsados por Guterres, que promueven tanto la censura directa como indirecta, la propaganda oficial, el silenciamiento encubierto, la desmonetización y otras herramientas de control social. Donald Trump se comprometió a desmantelar todo este entramado durante su primera semana de mandato.

Todo este mecanismo de censura no es nuevo y fue durante la pandemia del Covid cuando se puso a pleno rendimiento, bajo el pretexto de salvar vidas. Desde entonces, no ha hecho otra cosa que expandirse. En Europa estamos muy avanzados gracias a la Ley de Servicios Digitales y a la de Inteligencia Artificial, que requieren a las empresas tecnológicas que censuren puntos de vista contrarios a los de la Comisión Europea en asuntos como el aborto, la ideología transgénero, la inmigración y el cambio climático. Así nos va.