El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado este viernes en las Cortes Generales el Informe anual de la actividad de la institución en 2023, y ha hecho entrega del mismo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. El Informe será entregado al presidente del Senado, Pedro Rollán, el próximo lunes, día 25 de marzo, recoge la nota de prensa de la institución. 

Ángel Gabilondo ha señalado, en la comparecencia ante los medios de comunicación esta mañana en el Congreso de los Diputados, que “los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación, por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Ellos nos indican también que los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías”. 

Los asuntos que protagonizaron las quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2023 tuvieron que ver, entre otros, con la administración de la Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, educación y sanidad.

En 2023, el Defensor del Pueblo tramitó 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022. Recibió 34.926 quejas -3.849 más que en 2022-, 389 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional -sobre ocho leyes y decretos estatales y siete leyes y decretos autonómicos- e inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones -38 más que en 2022-. Además, la institución atendió personalmente a 37.752 ciudadanos: 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial.  

Sobre el Ingreso Mínimo Vital, Gabilondo ha señalado que "es necesario introducir cambios orgánicos". Vaya usted a saber cuáles.

Respecto a los menores migrantes, ha dicho: "Este asunto no puede depender sólo de la buena voluntad de las comunidades autónomas, sino del compromiso de España con la Convención de los Derechos del Niño".

En cuanto a la violencia de género, ha afirmado: "Continuamos trabajando para que se amplíe el ámbito de protección que ofrece la ley a todos los tipos de violencia de género". Sobre la violencia vicaria ha señalado: "Se requiere un mayor compromiso con la protección de menores expuestos a ese tipo de violencia". 

Gabilondo también ha destacado que los casos de abusos en menores tutelados no han recibido un tratamiento "transparente, ordenado y sistemático”.

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Asimismo, ha explicado que se han producido sucesos de discriminación por origen racial o étnico en algunos ámbitos, como el educativo, en población gitana, y "barreras que aún persisten con las personas con discapacidad".