En el mes de abril de 2021, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez cerró  el traspaso al País Vasco de la gestión de las tres cárceles vascas, donde cumplen pena unos 1.400 presos, recogió El Mundo.

Se hacía así realidad una de las reivindicaciones del PNV, que logró a cambio de apoyar a Sánchez en diversas ocasiones: moción de censura para sustituir a Rajoy, presupuestos del Estado, etc.

Con el acuerdo anunciado -que tuvo efecto a partir del 1 de octubre del año pasado- 700 funcionarios y personal laboral que hasta ahora dependían del Gobierno central pasarían a integrarse en la plantilla del Gobierno vasco. El compromiso genérico de la administración vasca es que se respetarían sus "derechos adquiridos", añadió el mismo medio.

Pues bien: hoy también El Mundo publica que 54 funcionarios de prisiones vascos han reclamado al Tribunal de Justicia de Madrid que actúe para finiquitar la «discriminación» laboral que sufren desde que se incorporaron a las cárceles vascas el pasado mes de marzo. Estos trabajadores participaron en el concurso de traslados organizados por Instituciones Penitenciarias y fueron trasladados a las prisiones de Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya) y Martutene (Álava). Seis meses después, y cuando se cumple un año del traspaso a País Vasco de las tres prisiones, los funcionarios plantean a la Justicia que se suspenda la transferencia si en 20 días el Gobierno de Urkullu no elimina esta «discriminación» en sus condiciones de trabajo.

Y añaden que tras la cesión «no se ha mantenido el nivel de eficacia en las funciones» que el servicio que tenía con anterioridad

La demanda presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, en la que se reclama la intervención de Instituciones Penitenciarias, incluye la petición expresa de una posible suspensión del traspaso de las tres prisiones a País Vasco. El despacho jurídico que defiende a estos trabajadores (representan al 10% del total y al 90% de quienes fueron trasladados en marzo) advierte a la Justicia que tras la cesión «no se ha mantenido el nivel de eficacia en las funciones» que el servicio que tenía con anterioridad. Apoyándose en la Ley de Orgánica de Transferencias, reclama el «cese» de la desigualdad de sus defendidos que cuentan con peores condiciones salariales por los complementos que reciben, de días canosos, vacaciones, utilización de instalaciones, horarios y jornadas.

La petición cursada por los funcionarios ante la Justicia ejemplifica el malestar entre los más de 500 funcionarios y personal laboral que se encargan de 1.496 presos, de ellos 116 vinculados con delitos por terrorismo.

Los sindicatos ELA, CCOO y CSIF volverán a manifestarse mañana martes 4 de octubre frente a la cárcel de Basauri para denunciar el «caos» de la gestión del PNV de las tres prisiones vascas. Un «año horrible» para estos representantes sindicales. «Los pilares del modelo penitenciario del actual Gobierno vasco pasan por utilizar mucho tiempo en hacer publirreportajes, privatizar la ejecución de las penas, regando de dinero público a las entidades sociales y abandonar y maltratar a los actuales trabajadores penitenciarios», denuncian de cara a su próxima protesta.