Si un inmigrante ilegal que llega a España dice que es menor, pasa al sistema de tutela de la autonomía correspondiente, y puede costar a dicha comunidad hasta 5.000 euros al mes. Mientras que si se determina que un inmigrante ilegal es mayor de edad, cuesta cero euros, porque es puesto en circulación, es decir, se aplica el sistema Marlaska. Esos inmigrantes a los que hay que ayudar en origen, son los mismos a los que el ministro del Interior abandona en las calles de Madrid y Barcelona... y que se las apañen como puedan. Ellos y los españoles.
Y mientras tanto, ya se están detectando casos de estafa en cuanto a la gestión de los menores extranjeros no acompañados. Hasta el presidente canario, Fernando Clavijo, lo admite.
🔴 El presidente de Canarias admite entre risas que envían expedientes de supuestos MENAs sin comprobar su edad, para que sean acogidos en la península. pic.twitter.com/nnYYKIQ13B
— Canario Today (@CanarioToday) October 4, 2025
Rubén Pulido, experto en inmigración ilegal, explica por qué se produce esa estafa en la gestión de los menas:
Fernando Calvijo, presidente de Canarias, admitía esta semana que uno de los 'menas' enviados a la Península era adulto. Si solo fuese uno… Entre 2021 y 2024, de 26.466 pruebas de edad, sólo el 47% resultaron ser menores. El 30% eran adultos y el 23% abandonaron los centros… pic.twitter.com/iIOFZTuquw
— Rubén Pulido (@rubnpulido) October 3, 2025
No es baladí: si un inmigrante ilegal se declara menor y se enfrenta a una violación, se le aplicarían 3 o 4 años de condena. Por ejemplo, en el caso de la violación a una niña de 14 años, en Hortaleza. En principio, se apuntaba a un menor extranjero no acompañado, que vivía en el centro de acogida de ese barrio madrileño.
Finalmente, se comprobó que tiene 23 años, por lo que se enfrentaría a un horizonte penal de unos 15 años.
