"Esta vivienda les costó mucho sacrificio a mis padres. Yo ya no confío en la justicia, se creen que protegen al vulnerable, pero no es así. Que todo el mundo tenga un techo, sí, pero que se lo proporcionen las administraciones" / Foto: Pablo Moreno
"Estoy de acuerdo en que todo el mundo tenga derecho a una vivienda, pero no a la mía" se lamenta Carmelo, pensionista de 70 años, que heredó piso de sus padres en 2018. La vivienda cuenta con 116 metros cuadrados, está situada en el distrito de Hortaleza y decidió invertir unos 40.000 euros en reformarla para poder ponerla en alquiler y así completar su pensión.
Buscó a los inquilinos con la ayuda de una inmobiliaria y terminó seleccionando a una pareja de primas, cada una de ellas con un hijo, nacidas en República Dominicana, pero con nacionalidad española, ambas trabajan por lo que Carmelo pensó que eran perfectar para vivir en su casa: "A priori parecían idóneas... Eran dos nóminas. Además, les obligué a que tuvieran un avalista, que era el padre de una de ellas. Éste tenía una vivienda en propiedad. Aquel aval fue fundamental para que yo aceptara".
El contrato lo firmaron a finales del 2018 y a los dos meses empezaron los problemas: "En febrero de 2019 no recibí la mensualidad. Y los meses siguientes realizaban los pagos de manera intermitente... En mayo les mandé un burofax para meterles algo de presión, quería que se pusieran al día. Me mostraban su compromiso con buenas palabras, pero no con hechos. Hasta que en febrero de 2020 hablé con unos abogados y les dije: 'Esto me suena ya a tomadura de pelo'. Y decidí denunciarles".
Pero con el escudo social del Gobierno todo fue a peor, dejaron de pagar, amparadas en el Real Decreto 11/2020: "Para 2021 ya habían dejado de pagar definitivamente y una de ellas estaba embarazada... Llegó el juicio y no se presentaron, por lo que se decretó un primer lanzamiento para el 4 de octubre de 2021. Ellas recurrieron y una providencia judicial lo paralizó. Así hasta en tres ocasiones más".
Y parece que todo va a seguir igual porque una trabajadora social firmó en noviembre de 2021 un informe certificando que una de las inquiokupas era "persona vulnerable y en riesgo de exclusión social", de todo esto se dio cuenta la trabajadora social mediante "una entrevista telefónica": "Cuando vi ese documento se me quedó cara de tonto. No analizaron nada... Nosotros recurrimos que no estaba desamparada, que su padre, el avalista, tenía una vivienda... Pero lo rechazaron. Pedirlo no ha servido para nada".
"Esta vivienda les costó mucho sacrificio a mis padres. Yo ya no confío en la justicia, se creen que protegen al vulnerable, pero no es así. Que todo el mundo tenga un techo, sí, pero que se lo proporcionen las administraciones"
La deuda de las dos inquiokupas con Carmelo ya asciende a "casi 58.000 euros" y mes tras mes aumenta, porque hay que contar las mensualidades, los gastos de 150 euros mensuales de comunidad, IBI, seguro y suministros: "Les pago el agua y la calefacción, pero hacen un gasto desmesurado, según me dicen desde la administración de la comunidad... 'Como si de dos familias se tratase', señalan. Además, pese a ser una vivienda con una orientación más cálida, es el inmueble en el que más consumo de calefacción hay de todo el edificio. Lo hacen sin ningún miramiento".
