En EEUU, en el Estado de Washington, una nueva ley firmada el pasado 2 de mayo y que entra en vigor el próximo 27 de julio, obliga a los sacerdotes a romper el secreto de confesión para denunciar casos de abusos sexuales a niños.
En caso de que no obedezcan a esta nueva normativa, los curas se arriesgan a sufrir hasta 364 días de cárcel y una multa de 5.000 dólares.
La ley fue firmada por el gobernador Bob Ferguson, que se dice católico, pero que ha impulsado esta medida considerando que es una “legislación importante” para proteger a los niños.
Mientras que los obispos del Estado de Washington han presentado una demanda en un tribunal federal de distrito contra esta nueva ley, argumentando que vio la libertad religiosa protegida por la Primera Enmienda
Y es muy loable el intento de proteger a los menores de edad de los abusos, pero no puede ser a cargo de cargarse el sacramento de la confesión, cuya esencia consiste en el sigilo sacramental al que están obligados, en conciencia, los sacerdotes y aún a riesgo de tener que pagar cualquier precio para defenderlo.
De hecho, ya ha ocurrido en la historia que ha habido sacerdotes que han pagado con su vida el no romper el secreto sacramental. Es el caso de San Juan Sarkander, mártir, que vivió entre 1576 y 1620 y que, llegando a ser torturado, se negó a revelar lo conocido en confesión.
Los obispos del Estado de Washington han presentado una demanda en un tribunal federal de distrito contra esta nueva ley, argumentando que vio la libertad religiosa protegida por la Primera Enmienda al infringir el sagrado sigilo de la confesión y que también viola la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda, así como la Constitución del estado de Washington.
Por cierto que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya bajo el gobierno del presidente Donald Trump, ha iniciado una investigación sobre la ley el 6 de mayo, calificándola como una medida “anticatólica”. Hasta el punto de que la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Harmeet Dhillon, la calificó como un “ataque legislativo contra la Iglesia Católica y su sacramento de la confesión”, subrayando que discrimina a los sacerdotes al negarles el secreto profesional que tienen otras profesiones.
