Decíamos en Hispanidad que Díaz Ayuso no se cansa de denunciar el modelo educativo del Gobierno Sánchez: crear vagos ignorantes

Recientemente, la presidenta de Madrid cargaba contra el adoctrinamiento de la Ley Celáa, después de que la presidenta madrileña se dirigiera así a la Izquierda: "Lo que quieren es cambiar a los romanos por los perroflautas o a los Reyes Católicos por los de Galapagar...".

De hecho, el PP de Madrid celebra el próximo sábado en Torrejón de Ardoz un coloquio que reivindica la cultura del esfuerzo y la meritocracia, con una crítica al "populismo educativo" de Sánchez. Ayuso se centrará en criticar la falta de esfuerzo entre los alumnos, que promueve la Ley Celáa, recordando la reflexión que la presidenta de la CAM hizo en su día sobre el aprobado general: "Si el esfuerzo no vale, ¿qué estamos haciendo, fabricar borregos?".

Pues bien, fruto de ese rechazo a la creación de alumnos vagos, la ministra de Educación inicia ahora una guerra judicial con Ayuso y recurre el endurecimiento de los criterios para lograr los títulos de ESO y Bachillerato. 

Tal como recoge El Mundo, Alegría ha interpuesto dos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra las ordenaciones madrileñas de la ESO y el Bachillerato, donde se endurecen los criterios que permiten a los alumnos pasar de curso y obtener el título. Y es que, recordemos que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que el texto de Bachillerato tiene "una elevada carga ideológica" y hay en él una "ausencia de contenidos esenciales". Pone como ejemplo algunos términos que se repiten a lo largo de todas y cada una de las asignaturas, aunque no tengan relación directa con ellas, como sostenibilidad (que aparece 130 veces) y perspectiva o igualdad de género (que sale 54 veces).

Si Ayuso se resiste a que los alumnos puedan pasar de curso y lograr el título sin límite de suspensos en la ESO y graduarse con hasta una asignatura no aprobada en Bachillerato, Alegría rechaza el artículo del decreto autonómico de la ESO que exige el acuerdo de una mayoría cualificada de dos tercios del profesorado para que el alumno pueda pasar de curso y lograr el título en esta etapa. También está en contra del artículo del decreto de Bachillerato que requiere una mayoría cualificada de cuatro quintos del claustro para poder obtener el título.

El Ministerio pide la suspensión cautelar de estos decretos, al apreciar que pueden salir perjudicados aquellos alumnos que en junio se encuentren en el supuesto de que podrían graduarse con el respaldo de una mayoría simple de sus profesores pero no con una mayoría cualificada. El TSJM aún no ha decidido sobre la petición de medidas cautelares y ha formado dos piezas separadas sobre esta reclamación.

Conclusión: una vez más volvemos al pensamiento Celaá, el alma mater, de la nueva ley de Educación: si los alumnos repiten mucho... pues suprimimos las repeticiones. Pedir más esfuerzo no es progresista.