Además de para los políticos catalanes que delinquieron con el ‘procés -petición de ERC a Pedro Sánchez para que le aprobase los presupuestos y poder seguir en Moncloa-, la derogación del delito de sedición ha supuesto un chollo para otros presos.

La Audiencia Provincial de Baleares ha decretado la puesta en libertad de los 22 inmigrantes marroquíes que, en noviembre de 2021, provocaron el aterrizaje forzoso de un avión en Palma y huyeron de la aeronave cuando se hallaba estacionada en la cabecera de las pistas del aeropuerto de Son Sant Joan, informa El Mundo.

Los protagonistas de aquel incidente, que se conoció coloquialmente como la patera aérea, un caso insólito en Europa, fueron acusados de un delito de sedición y otro de coacciones a la tripulación, y han permanecido en prisión provisional desde entonces. De nada había servido hasta ahora la protesta de sus abogados, que equiparan el episodio a una mera entrada irregular en territorio español.

Ahora, sin embargo, y a causa de la reforma y derogación del delito de sedición impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobada en las Cortes hace unas semanas -a exigencia de ERC, insistimos-, el mayor órgano judicial de las Islas les ha dejado en libertad, añade El Mundo.

Lo ha hecho después de que la propia Fiscalía haya pedido por escrito que se excarcelara a los jóvenes al haber sido suprimido y reformado el delito de sedición, lo que hará variar su acusación, sustituyéndola por un delito de desórdenes públicos, castigado con penas más leves. Ha pesado también el hecho de que los inmigrantes lleven ya más de un año en prisión provisional, sin que haya fecha todavía para el juicio.

Hoy se ha sabido que serán ingresados en un CIE de Barcelona hasta que se decrete su extradición.

Por otra parte, los fiscales del 'procés' han recurrido este martes el auto dictado la semana pasada por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena para que procese a los encausados rebeldes, el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Clara Comín, por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, en lugar del de desobediencia, delito por el que Llarena mantiene su procesamiento contra los líderes huidos, recoge RTVE.