En su día ya lo denunció el diputado de Vox, Javier Ortega Smith: "Con dinero público se está financiando un pseudo-hotel, tapadera para que las pseudo-ongs que traen tráfico de personas a España metan inmigrantes ilegales". 

Ahora es la portavoz adjunta del partido de Abascal en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, quien ha intervenido en la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad para exigir al equipo de Gobierno que ponga “fin a toda colaboración con la ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a raíz de las actividades que dicha organización está desarrollando en distintos distritos de la capital”.

La portavoz de VOX ha explicado que, bajo la apariencia de albergues turísticos, “estos locales acogen únicamente inmigrantes ilegales, en colaboración con un empresario egipcio que alquila los espacios y los transforma irregularmente”.

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, pide a Vox que “no diga que la izquierda es cómplice de tráfico de personas. Todo el mundo sabe que estoy lejísimos de ellos, pero jamás le diría eso”.  

En cuánto a las declaraciones de Vox sobre el CEAR, Fernández añade que cumplen “los principios que marca la Ley general de subvenciones. Las subvenciones se dan con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Se llame como se llame la entidad”. 

Por otra parte, Rubén Pulido, experto en inmigración ilegal, destaca que CEAR ha admitido en su informe anual de este año que apenas el 18,5% de las solicitudes de protección internacional en España son aprobadas. Traducido: la inmensa mayoría de los inmigrantes ilegales que llegan a España no cumplen los requisitos para obtener asilo o protección internacional. Sin embargo, CEAR continúa recibiendo cuantiosos recursos públicos mientras contribuye al efecto llamada que agrava la actual crisis migratoria.