España no se encuentra ante una crisis política ordinaria, ni ante uno de esos escándalos que el Gobierno intenta sofocar con una dimisión secundaria, una proclama contra el bulo o una campaña de propaganda. Lo que empieza a resquebrajarse es un sistema de poder construido alrededor de Pedro Sánchez y protegido por un PSOE que, una vez más —véase su historia desde 1879—, ha renunciado a comportarse como partido de Estado para convertirse en escudo de su secretario general.

La hipótesis para el futuro inmediato es tan sencilla como inquietante: Sánchez no dimitirá mientras conserve la posibilidad material de resistir. No lo hará por una condena parlamentaria, una derrota electoral parcial ni por el avance de los procedimientos que afectan a su familia, colaboradores o dirigentes históricos del socialismo. Su permanencia ya no responde a un proyecto nacional reconocible, sino a la necesidad de controlar el calendario, el partido y los resortes institucionales que todavía conserva, y evitar de momento la prisión. El Congreso aprobó una resolución no vinculante que reclamaba su dimisión por 177 votos contra 171 y una abstención. El Gobierno sigue sin mayoría estable y las cuentas de 2023 sobreviven mediante prórrogas, mientras las nuevas previsiones tropiezan con el rechazo parlamentario. No estamos ante una legislatura que gobierna con dificultad, sino ante un Ejecutivo que administra su resistencia. Sánchez sabe que abandonar la Moncloa abriría una guerra inmediata dentro del PSOE. Muchos de quienes hoy callan descubrirían de pronto su conciencia constitucional y se presentarían como víctimas del poder que ayudaron a construir.

Ese miedo explica la disciplina del silencio. El PSOE no defiende una doctrina, una socialdemocracia ni un proyecto coherente para España. Defiende cargos, listas electorales, estructuras territoriales, empresas públicas y redes de influencia. Su cohesión no procede de las ideas, sino de la dependencia. Mientras Sánchez conserve la facultad de repartir futuro, apenas encontrará oposición interna. Cuando deje de poder repartirlo, comenzará la desbandada.

Entretanto, la Justicia continúa su curso. El hermano del presidente ha sido condenado —en una sentencia susceptible de recurso— a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. La esposa de Sánchez deberá afrontar un juicio por Jurado por presuntos delitos. José Luis Rodríguez Zapatero está investigado en la Audiencia Nacional por supuestos delitos vinculados a una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo. Él niega cualquier irregularidad, pero su testaferro ya se ha desmarcado y le ha imputado ante el juez, aunque el procedimiento continúa en fase de instrucción. La responsabilidad penal siempre es individual. Nada de cuanto pueda imputarse o probarse contra familiares, colaboradores o antecesores se transmite jurídicamente a Pedro Sánchez. Pero la responsabilidad política obedece a otra lógica. Un presidente puede no haber cometido personalmente un delito y quedar políticamente destruido por la acumulación de irregularidades en los círculos de poder que ha dirigido, elegido o protegido. El PSOE pretende borrar esa diferencia. Exige una sentencia firme para reconocer cualquier responsabilidad política, como si gobernar consistiera únicamente en permanecer un milímetro por encima del Código Penal. Es una perversión democrática. La ejemplaridad pública comienza mucho antes de la condena: en la verdad, la transparencia, la elección de los colaboradores y la disposición a responder ante los ciudadanos.

 

El 92% de los españoles considera generalizada la corrupción, frente al 71% de media europea

Sánchez llegó al poder mediante una moción de censura justificada en la corrupción ajena. Ocho años después, Reuters, Financial Times, Le Monde, The Guardian y The Wall Street Journal describen a su Gobierno como cercado, debilitado o afectado por investigaciones. El asunto ha dejado de ser una disputa doméstica y forma ya parte del retrato exterior de España. Esto no significa que Europa haya condenado políticamente a Sánchez. Bruselas no elige ni destituye presidentes nacionales. Mientras el Gobierno conserve los apoyos parlamentarios necesarios y respete la Constitución, su continuidad será considerada una cuestión interna. Esperar que la Comisión Europea resuelva lo que corresponde a las instituciones y a los electores españoles sería irresponsable. Pero tampoco conviene confundir prudencia diplomática con indiferencia.

El Informe sobre el Estado de Derecho de 2026 desmiente cualquier complacencia. La Comisión Europea señala que el 92% de los españoles considera generalizada la corrupción, frente al 71% de media europea; advierte de la vulnerabilidad de la contratación pública, de deficiencias en la financiación de los partidos y de reformas pendientes sobre conflictos de intereses. También recoge riesgos de interferencia política en los medios públicos y problemas para el acceso periodístico a la información. Bruselas no afirma que España haya dejado de ser un Estado de Derecho, pero sí señala vulnerabilidades institucionales que un Gobierno responsable debería corregir, no aprovechar. Ahí reside el peligro del enrrocamiento de Sánchez: desacreditar sistemáticamente a los jueces, presionar a los fiscales, interferir en investigaciones, alterar reglas procesales para proteger intereses particulares o presentar toda resolución adversa como una conspiración reaccionaria. El Sanchismo lleva años preparando ese relato. El juez que investiga es sospechoso; el periodista que publica pertenece a la «fachosfera»; el policía que informa actúa por motivaciones oscuras; la oposición no fiscaliza, sino que conspira. Así, el poder deja de rendir cuentas y se proclama víctima de las instituciones encargadas de controlarlo.

Si el Gobierno cruza la línea que separa la crítica política de la interferencia institucional, Europa deberá intensificar la vigilancia sobre la Fiscalía, las reformas procesales, la contratación y los fondos comunitarios. Los procedimientos de infracción, la condicionalidad presupuestaria o en casos extremos, el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea,  responden a vulneraciones concretas. Las democracias europeas rara vez rompen abiertamente con un Gobierno miembro: enfrían relaciones, reducen apoyos y esperan al sucesor. El aislamiento comienza con los silencios.

El PSOE deberá explicar por qué aceptó la degradación institucional, el vaciamiento del Parlamento, los pactos con quienes niegan la nación, la conversión de cada organismo público en una trinchera y la descalificación de jueces, periodistas y ciudadanos críticos

Una eventual condena firme de Zapatero agravaría cualitativamente la crisis. No convertiría a Sánchez en responsable penal de los actos de su antecesor, pero destruiría buena parte del relato socialista y dañaría gravemente la credibilidad del partido. Además, revelaría una continuidad política que el PSOE intenta ocultar. Zapatero inauguró una forma de concebir el poder basada en la división histórica, la ingeniería ideológica y la negociación de la estructura del Estado. Sánchez ha llevado ese método más lejos: convierte la rectificación en costumbre, la concesión en moneda parlamentaria y la mentira en técnica de supervivencia. Los socios separatistas conocen su debilidad. No desean necesariamente derribarlo; prefieren exprimirlo. Un presidente sin mayoría, sin Presupuestos y cercado por causas judiciales vale más para ellos que un Gobierno estable. Cada votación se convierte en una subasta y cada concesión abre la puerta a la siguiente. Lo abandonarán cuando el coste electoral de sostenerlo supere el beneficio obtenido. Entonces se declararán alarmados por la corrupción y defensores de una regeneración que jamás les preocupó mientras pudieron cobrar el precio de sus votos.

También el PSOE acabará reaccionando, aunque tarde. No se rebelará por dignidad, sino por miedo. Cuando las encuestas, las sentencias o la pérdida del poder territorial demuestren que Sánchez ya no protege al partido, los mismos dirigentes que hoy lo aclaman o lo critican tibiamente exigirán renovación. Hablarán de recuperar la socialdemocracia, la moderación y el espíritu constitucional. Pretenderán sacrificar al jefe para salvar la estructura que lo sostuvo.

Pero el problema no termina en Sánchez. El PSOE deberá explicar por qué aceptó la degradación institucional, el vaciamiento del Parlamento, los pactos con quienes niegan la nación, la conversión de cada organismo público en una trinchera y la descalificación de jueces, periodistas y ciudadanos críticos. Tendrá que explicar por qué un partido centenario subordinó su historia y su aparente concepto de España a la supervivencia de un solo hombre. La caída electoral de Sánchez no bastará para reparar el daño. El siguiente Gobierno deberá restablecer controles, reforzar la independencia institucional, revisar las leyes nacidas del trueque parlamentario y recuperar la distinción entre Estado, Gobierno y partido. No se tratará de sustituir una colonización institucional por otra, sino de impedir que vuelva a repetirse.

Sánchez resistirá; sus socios seguirán cobrando su debilidad; el PSOE callará mientras tema más al secretario general que a los electores

Finalmente, la pésima gestión de los pavorosos incendios y de la invasión sufrida en Ceuta ha llevado al presidente a refugiarse en La Mareta, blindado por un ingente dispositivo de seguridad y un amplio perímetro, al modo de algunos dictadorzuelos que hemos visto en determinadas naciones hispanas.

A día de hoy, esta es la hipótesis más verosímil: Sánchez resistirá; sus socios seguirán cobrando su debilidad; el PSOE callará mientras tema más al secretario general que a los electores; la Justicia avanzará con sus tiempos, y Europa mantendrá la prudencia hasta que una posible interferencia institucional convierta la crisis española en un problema europeo. Será probablemente un imponderable no previsto lo que desencadene la eclosión total de un derrumbe ya iniciado. Estamos en la fase más peligrosa: la de un poder agotado que conserva fuerza suficiente para prolongar su caída, porque un Gobierno que aspira a construir piensa en el futuro, pero uno dedicado exclusivamente a sobrevivir está dispuesto a hipotecarlo.

El Sanchismo terminará tras un cúmulo de trampas, tal como se inició. Lo decisivo es cuánto daño causará antes de desaparecer y si el PSOE sobrevivirá como partido constitucional después de haber aceptado convertirse en su última trinchera.