El presidente Zapatero presume de que ha congelado la oferta pública de empleo hasta dejarla en un 10% de tasa de reposición. La realidad, sin embargo es que la administración seguirá contratando interinos que a los tres años son consolidados. Es lo que ha ocurrido en el CSIC. El año pasado la plantilla engordó en 200 internos consolidados como personal fijo. No son funcionarios, pero tienen moscosos como los funcionarios y no han aprobado una oposición ni han pasado el filtro del mérito, la igualdad de oportunidades y la transparencia.
El sistema proviene de la Ley Caldera. Tras tres años con contrato temporal con cargo a proyectos, los contratados acuden a juicio. Curiosamente, en el caso del CSIC se hace con el apoyo del testimonio de los investigadores de plantilla que se ponen del lado del interno y en contra de la institución que les paga.
No es la única irregularidad en el CSIC. El descuadre en la gestión asciende a 200 millones de euros. El Banco de España abastece las necesidades sin distinguir entre gasto corriente o inversión en proyectos. Una irregularidad porque el gasto en el CSIC es necesariamente finalista. Cada cosa es una especie de cajita, explican los portavoces oficiales del centro.
Además, el puesto del secretario general adjunto sigue vacante. Como informamos este miércoles, el presidente del CSIC reconoce haberle cesado por falta de confianza; y punto. El caso es que desde el Centro se dijo que el sustituto estaría listo en una semana, pero ya han pasado dos meses y el puesto sigue vacante tras muchas entrevistas. ¿Conclusión? El CSIC a la deriva y la ministra Garmendia sin gobernar. La institución permanece gracias al buen hacer de sus miembros. Como casi siempre.
Andrés Velázquez
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