Nuevos datos en el sumario : la SEPI revela a la justicia un documento secreto que propició el presunto fraude de Marsans. Kirchner insiste a Zapatero que es el Gobierno español quien debe arreglar el desaguisado.

El presunto fraude de Marsans en la privatización de Aerolíneas Argentinas, que el Gobierno español traspasó a la SEPI en tiempos de José María Aznar, además de ofrecer a Marsans 758 millones de dólares para su reflotamiento, ha dado un nuevo giro. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que agrupa a la empresa pública española, daba a conocer a la justicia un escrito, hasta ahora desconocido, en el que se autorizaba a Marsans, la compra de pasivos de Aerolíneas, nudo gordiano del presunto fraude de Marsans en el proceso privatizador del acompaña.

En pocas palabras, en tiempos de Aznar, y con Ruiz Jarabo como presidente de la empresa pública, la SEPI regaló aerolíneas al grupo Marsans, al tiempo que le facilitaba 758 millones de dólares del Tesoro Público español para el reflotamiento. De ellos, 300 estaban destinados al pago de deudas. Pues bien, en lugar de hacer frente a esas deudas y de dejar a cero el balance de Aerolíneas, los nuevos propietarios, se subrogaron parte de las deudas en forma de créditos. En conclusión, cobraron algunos acreedores, pero no todos, y la cosa ha terminado en los tribunales, tanto argentinos como españoles. Pues bien, en el nuevo escrito ahora hecho público por la propia SEPI -presidida en la actualidad por el socialista Martínez Robles-, el directivo de la propia SEPI, Juan Gurbindo, en nombre de Interinvest (sociedad instrumental tenedora de las acciones de Aerolíneas) autoriza la conversión de las deudas en créditos. Existen serias dudas sobre la legalidad de dicho escrito, que, en cualquier caso, vendría a dar razón a los acreedores demandantes.

El diario Cinco Días, en su edición del pasado día 11, titulaba: La SEPI varió el Contrato de Aerolíneas con Marsans para liquidar la deuda de la aerolínea de bandera argentina. El artículo, firmado por el veterano periodista A. Ruiz del Árbol, tras señalar tres posturas distintas la SEPI, Marsans y los denunciantes, hace referencia a la causa que se ventila ante el Juzgado de Instrucción Penal Nº 35 de Madrid (Nº de causa 7293/04), a la que ha tenido acceso Hispanidad.

En dicha causa, la SEPI, a requerimiento de la jueza que instruye la misma, la magistrada Gemma Gallego Sánchez, obtuvo de la SEPI la aportación del contrato de compra-venta de las acciones de Interinvest S.A. celebrado entre la SEPI por una parte representada por Ignacio Ruiz Jarabo Colomer, quien actuó con facultades que le fueran conferidas mediante acuerdo del Consejo de Administración de dicha entidad, y por la otra Antonio Mata Ramayo en representación de Air Comet, celebrado el 2 de octubre de 2001. Según ese contrato, la SEPI transfiere al grupo Marsans la totalidad de las acciones de Interinvest que ésta poseía por el precio de 1 dólar, transfiriendo de ésta manera el 92,21% del control accionarial de Aerolíneas Argentinas al grupo propiedad de Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata.

Un contrato confidencial pero que no se puede negar a un juez. Y eso es lo que ha ocurrido. Pues bien, en su cláusula 5ª, se puede leer: La presente compra-venta queda sujeta, con carácter suspensivo, como condición legal, a la obtención de la autorización del Consejo de Ministros....

Dicha autorización, fue conferida por el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar el 12 de octubre de 2001, otorgando con ello vigencia plena a la cláusula 9ª, titulada: Compromisos financieros del vendedor, es decir, de la SEPI. En dicha cláusula se estipula que el vendedor asume a su cargo pasivos exigibles que resultan de la información contenida en el documento base y en la información complementaria de cada una de las sociedades hasta un importe máximo de TRESCIENTOS MILLONES DE DOLARES USA, 300.000.000. Y también, en cuanto a la cantidad de 300.000.000 USD se destinará al pago de los pasivos de las sociedades ó de la compañía.

Por si no había quedado claro, más adelante se estipula que el vendedor aportará a la Compañía la cantidad de 300.000.000 millones U.S.D. en la formalización. Dicha cantidad quedará ingresada en una cuenta bloqueada a nombre de la compañía y se destinará por el comprador al pago de una lista de pasivos de las Sociedades ó de la Compañía que se acompañará como anexo a la escritura de formalización. La cantidad a liberar para cada uno de los pagos será la que se presente como definitiva para cada acreedor por el comprador...

Dicho de otro modo, el contrato contaba con todas las autorizaciones administrativas requeridas, tanto por parte de la SEPI como del Gobierno español y fue elevado ante el notario José Marcos Picón Martín el 15 de octubre de 2001.

Como queda destacado, los 300.000.000 U.S.D. tenían, claramente, el único objetivo de liquidar deudas de las Sociedades (Aerolíneas Argentinas) descritas en el artículo del económico español Cinco Días.

Y ahora salta la sorpresa. De repente, aparece un nuevo papel, no respaldado por el Consejo de Ministros, en el que dos altos cargos de la SEPI, Juan Antonio Gurbindo y Juan Massó Garolera firman un escrito, hasta ahora secreto, en el que se autoriza a convertir los pasivos de Aerolíneas en créditos. Es decir, justamente el presunto delito que perjudicó a los acreedores de Aerolíneas y por el cual se inicia el proceso jurídico tanto en la Argentina como en España. Gurbindo en cuanto todavía directivo de la instrumental Interinvest, y Massó como representante de la SEPI, pero ambos, a la postre miembros de SEPI, rectifican lo aprobado por el máximo órgano de gestión del organismo que les pága el sueldo.

A este falso instrumento se aferrarían Pascual, Díaz y Mata para justificar el presunto fraude en el concurso de acreedores y, por tanto, en el presunto desvío de fondos públicos españoles en la privatización de Marsans. Pero un instrumento, hasta ahora secreto, de estas características, no tiene respaldo legal alguno ni puede contradecir un contrato de compra-venta avalado por el Consejo de Administración de la SEPI y por el Consejo de Ministros del Reino de España. Y lo que es más grave: resulta poco creíble la actuación de dos altos cargos de la SEPI que contradicen lo que aprueba públicamente su Consejo y el propio Gobierno de España.

Como vemos, las argumentaciones del grupo Marsans y que parecieran ser acogidas por la misma SEPI carecen de legitimidad jurídica para refutar el desvío de fondos públicos investigados en España además del delito tributario como la Simulación y Fraude que la propia SEPI regida por el PP aparentemente consintió consumara el grupo Marsans en el Concurso de Aerolíneas Argentinas en el país austral. Sobre el otro delito, el de simulación y fraude fiscal, la juez ya ha solicitado la cuantificación a distintos peritos.

Por su parte, en la Argentina, el Gobierno Kirchner ha impugnado las tres juntas de accionistas de Aerolíneas Argentinas, correspondientes a los ejercicios 2002, 2003 y 2004, con lo que se da la curiosa situación de que la compañía aérea de bandera todavía no ha logrado aprobar sus cuentas un solo ejercicio desde que es propiedad de Marsans.

El nerviosismo de los acusados, y la aparición en escena de este fantasmal escrito, apuntan a que el Caso Aerolíneas puede tener un pronto final. El presidente argentino Néstor Kirchner, presente en la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Salamanca, insiste, como ya hiciera durante su reunión en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, que debe ser el Gobierno español quien solucione el caso Aerolíneas, dado que fue él quien regaló la compañía a Marsans. Ahora bien, el Tesoro Público español ya ha perdido más de 2.500 millones de dólares en Aerolíneas, por lo que no le hace mucha gracia financiar un nuevo reflotamiento, tras la fallida, y presuntamente fraudulenta, gestión de Marsans.