Antonio Naranjo (COPE): “Es una juez a la que aplaudieron los mismos que ahora la denigran cuando archivó una de las partes de esta causa, que lo hizo al principio”

En la COPE, Antonio Naranjo apuntaba: “La juez (Rodríguez-Medel) está respondiendo con la misma altura que una persona que se siente con unas atribuciones que no permiten injerencias. Pero es que lo sorprendente es que teniendo absolutamente contrastada la existencia de pruebas previas -entre ellas los avisos que se daban dentro de la Administración desaconsejando lo que sin embargo convocaron-  haya gente que aún se atreva a defender lo indefendible y es la falta de causa efecto entre permitir eventos de masas y el contagio masivo que ha desembocado en una mortalidad tan alta. Es que tenemos todas las pruebas sobre la mesa. Luego eso será o no delito pero despreciar a un juez que lo intenta demostrar me parece una osadía por parte de esas brigadas”. “Es una jueza a la que aplaudieron los mismos que ahora la denigran cuando archivó una de las partes de esta causa, que lo hizo al principio. Y presentaron esa decisión de la juez como que desvincula al 8-M del contagio masivo”.

Jorge Bustos añadía: “Es que aquí ha muerto mucha gente. Esto no ha sido una erupción volcánica, de la noche a la mañana. Aquí había pruebas de lo que estaba pasando y otros países donde estaba sucediendo y una juez se debe al deber de buscar justicia para las víctimas que se la piden. Y esto es lo que mueve el ánimo de esta juez. Y además es una juez a la que tienen muy difícil meterle el cuerno: primero, es una mujer, si fuera un hombre ya le estarían buscando conexiones machistas con Francisco Franco; pero es que además es una juez que ha sido dura con figuras muy importantes del PP, o sea, que tampoco le pueden buscar por ahí la ideología; es una juez que además protesta con razón de que está intentando el Gobierno, a través de sus brazos institucionales  -la abogacía del Estado y la Fiscalía, completamente politizada y colonizadas- y también de sus brazos mediáticos, está intentando ahogar en la cuna una causa cuando nunca en un proceso se intenta dar carpetazo a algo contra lo que hay indicios tan poderosos”.

En TVE, el ministro de de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dicho  que le sorprende "el debate público" que ha suscitado la causa judicial sobre la marcha del 8M al ser preguntado por la imputación del delegado del Gobierno en Madrid.

Ha cifrado en casi 900.000 las personas que han vuelto a trabajar ya: 700.000 procedentes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y 200.000 son nuevos afiliados que perdieron su empleo con la crisis sanitaria y que han cursado alta de nuevo,

Ha explicado que en la comisión del Congreso reunida el pasado lunes tuvo la impresión de que el ingreso mínimo vital tendrá "un gran apoyo" parlamentario. "Es importante que una prestación como esta vaya acompañada por una serie de políticas", dice Escrivá que cree que la prestación puede ser "un mecanismo de inclusión social muy potente".

Escrivá dice, que "la principal motivación de los inmigrantes" para intentar alcanzar nuestras fronteras es la situación extrema en que se encuentran" y por eso no cree que el "efecto llamada" que denuncia Vox sobre el ingreso mínimo vital "responda a una realidad".

A partir del 21 de junio, cuando finaliza el estado de alarma, habrá que ser "extremadamente prudentes" con las medidas sanitarias de prevención del coronavirus, para evitar rebrotes, algo que dependerá "muy mucho de nuestros comportamientos individuales".

En la COPE, Fernando Jáuregui decía: “A mí esta judicialización de la vida política me parece un error. Porque lo del 8-M fue una chapuza, fue una irresponsabilidad absoluta, fue una estupidez sobre todo alentada por una ministra que no debería estar ni un minuto más en el Gobierno, Irene Montero. Pero no va a tener traducción penal. Yo no digo que no pueda investigarse, yo digo que toda esta proliferación de recursos, querellas y demandas, a las que estamos asistiendo estos días, que no van a tener al final, la mitad innecesarias. Este tema del 8-M, de acuerdo, lo que tú quieras, el señor Franco, evidentemente no va a tener una sanción penal por eso, puede tener muchas sanciones políticas y muchas sanciones morales que eso es lo que luego tendremos que dilucidar. Pero la que se va a organizar aquí cuando salgamos de esta, si es que salimos algún día, en el terreno judicial va a ser de aúpa, el colapso va a ser que no te quiero ni contar y no va a tener ningún sentido”. 

En Onda Cero, Carlos Alsina reflexionaba: “Por ‘mando único de las residencias’ en los decretos del gobierno de estos tres meses no aparece nada. Lo que aparecen son órdenes ministeriales de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes, los cuatro ministros que asumieron el mando el 15 de marzo. En esto tiene razón el vicepresidente segundo: las competencias siempre han sido de los gobiernos autonómicos y lo que se aprobó el 19 de marzo fue que estos pudieran intervenir las residencias donde hubiera desatención o negligencia. No es eso lo que cabe reprochar en este asunto al gobierno central. No es eso, no es eso.

Lo que cabe reprocharle al gobierno central es que, si fue consciente de que algún gobierno autonómico estaba desatendiendo a los ancianos, discriminándolos o, como sugiere Iglesias, dejándolos morir, debió haber actuado él porque desde el 15 de marzo ha estado facultado para hacerlo. La responsabilidad primera es del gobierno autonómico de turno (el de Madrid, por ejemplo), pero la potestad última de actuar en su defecto la ha tenido el gobierno”.

En Onda Cero, Rubén Amón lanzaba sus preguntas: “¿Pensó o soñó alguna vez Sánchez que tendría la potestad de definir la distancia social? Queda fijada en un metro y medio. A ver si la mantiene él con Bildu.

¿Y no os parece un poco genérico decretar la nueva normalidad hasta que aparezca una vacuna? Puede tardar meses. Puede tardar años.

¿Sospechasteis alguna vez que los principales aliados de Sánchez fueran a ser el PNV y Ciudadanos? No se soportan entre ellos, pero han vuelto a dar su apoyo al decreto de la nueva normalidad.

Los socios de investidura Sánchez, en cambio, vuelven a pedir una comisión de investigación en el Parlamento para aclarar la actividad delictiva del rey emérito en tiempos del rey vigente. ¿Llegará a ser reina la princesa Leonor?

La juez del caso 8-M reprocha al Gobierno reticencias para entregar documentación. ¿No sería más bien excesiva transparencia?

No sabemos qué ciudad alojará a final de la Champions. ¿Puede decirse en cambio que sí sabemos que la va a ganar el Atleti? De momento, abatió a Liverpool, el campeón vigente.

¿Por qué se le llama declaración de IRPF o declaración de Hacienda cuando es una declaración de guerra?”.

En Onda Cero, Fernando Ónega afirmaba: “Miré lo que se publica del decreto, y no encontré nada que merezca una descalificación. En realidad, no sé por qué le llaman decreto, ya que podía quedarse en una serie de recomendaciones que el señor presidente podría hacer en la última de sus homilías dominicales.

Normas, lo que se dice normas, hay dos: usar la mascarilla bajo multa y mantener la distancia de seguridad de metro y medio. La gran negociación del gobierno y Ciudadanos ha consistido en discutir si dos metros o metro y medio y, para ganar el voto de Arrimadas, el gobierno hizo la gran concesión: hale, pues metro y medio y no se hable más.

El resto, como digo, son inocentes consejos con un resumen final de parte del Estado: cuídate tú, contribuyente, que la contención del virus depende de ti; vigilad, autonomías, los rebrotes, no la vayamos a fastidiar; cuidad todos la higiene; seguid lavándoos las manos; no os amontonéis en el transporte; pensad que el roce crea el cariño, pero también los contagios; sed prudentes y precavidos, que el virus sigue ahí, y tú, empresario, vete aumentando el tamaño de la oficina y el taller para apartar el peligro de tus trabajadores.

¿Algo que oponer a tan beatíficas intenciones? No me extraña que Pedro Sánchez sueñe con el voto del PP. Si el PP se opone, será por llevar la contraria. Y para Sánchez… Para Sánchez, Nueva Normalidad, Nueva Unanimidad. Cerrar con unanimidad el estado de alarma sería eso que llaman broche de oro. Algo así como una beatificación”.

En la COPE, el economista José María Gay de Liébana señalaba: “Hace días y semanas que dejamos de creer que 2020 sería año mitológico de galaxias económicas y platillos voladores, con coreografía de ciencia ficción, para percatarnos que será el año en que las pasaremos canutas. Así que, creo, que no habría inconveniente, al menos por mi parte, de navegar por el túnel del tiempo para viajar al futuro, a 2021, y empezar a gozar con el rebote económico.

En el plano de nuestras siempre abruptas cuentas públicas, 2020 será calamitoso con un déficit que oscilará entre el 9,5% y un terrible 14% sobre el PIB. Luego se moderará, pero aún en 2022 se movería en una franja entre el 4,8% y el 8,7% del PIB.

Si pintan bastos en materia de déficit, en lo tocante a la deuda pública los guarismos previstos producen escalofríos, porque en 2020 aumentaría hasta un rango entre el 114,5% y 126,7% del PIB, aunque en escenarios más reposados atemperaría al 112,5% -118,7% del pib. Lo fatídico es que nuestra deuda, en un escenario peliagudo, alcanzaría el 132% del PIB.

De cumplirse estas expectativas, no hay vuelta de hoja: vamos directos al MEDE y eso implica que España impepinablemente tendrá que ser rescatada. Las probabilidades que se manejan por Bruselas apuntan a que la llegada de los hombres de negro acá, será en la recta final de 2020 o en el transcurso de 2021. Los números lo anuncian... ¿Serán ellos quienes nos salven del caos?”.