Contamos en Hispanidad que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a modificar, por fin, las leyes trans y LGTBI que heredó de su muy progre antecesora Cristina Cifuentes.

Así, el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid registró el viernes dos proposiciones de ley para modificar la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. 

Según el documento presentado, con la reforma se busca “corregir algunos aspectos, ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como 'de género', que acababan conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa de los artículos 20 y 27 de la Constitución Española, o la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución”.

En lo que respecta a la ley trans, los menores de la Comunidad de Madrid necesitarán un examen pediátrico, ser atendidos “por un profesional de la salud mental”(psicólogo o psiquiatra) y un informe médico favorable “imprescindible” si tienen dos o más enfermedades o trastornos mentales para inicar el tratamiento. Es decir, no podrán someterse a un cambio de sexo sin el seguimiento médico correspondiente. Además, se da voz a los médicos y se incluye la elaboración de guías y protocolos médicos adecuados a los principios de consentimiento informado, atención integral multidisciplinaria y profesional. 

Sobre la ley LGTBI se modifica el nombre de la normativa, que pasará a titularse: «Ley de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid».

Como analizamos en Hispanidad, desaparecerá la inversión de la carga de la prueba, que obliga al acusado de discriminar a personas trans a demostrar su inocencia. En la nueva ley también se suprime la creación de un Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid.

La reforma acaba con el adoctrinamiento en las aulas y la influencia de las organizaciones LGTBI en los colegios. Así, se deroga el artículo que dice: «La Comunidad de Madrid fomentará en todos los medios de comunicación de titularidad autonómica, y aquellos que perciban ayudas, subvenciones o fondos públicos de la Comunidad de Madrid, la concienciación, divulgación y transmisión de la inclusión social y el respeto a la diversidad sexual, identidad y expresión de género, emitiendo contenidos que contribuyan a una percepción de las personas LGTBI exenta de estereotipos y al conocimiento y difusión de necesidades y realidades de dicha población, fomentando la diversidad y eliminando el uso de lenguaje sexista u ofensivo hacia las personas LGTBI».

Por la misma, se eliminan de los planes de estudio todos los contenidos dirigidos a mostrar 'la realidad LGTBI' y la formación de los profesores en esta materia no será necesaria. 

También se suprime el artículo por el que la Comunidad de Madrid estaba obligaba a incorporar en la publicidad institucional a todos los niveles la diversidad por orientación sexual e identidad de género y diversidad familiar. 

Las reacciones no se han hecho esperar, Mónica García desde Más Madrid lo califica de “retroceso legislativo”.

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado la propuesta y ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene la obligación de cumplir la normativa estatal, en referencia a la autodeterminación de género, ya que este punto está protegido en la ley estatal, el problema para Montero es que en su ley quedan flecos sueltos: los mecanismos, por ejemplo las terapias, no llegaron a desarrollarse en su ley, al ser aprobada deprisa y corriendo al final de la pasada legislatura, lo que deja un estrecho margen a Ayuso para actuar. 

Y es que el Ejecutivo Regional en su reforma cuestiona la constitucionalidad de la autodeterminación: “Además de la muy dudosa constitucionalidad del concepto de 'autodeterminación de género', ajeno a la Ciencia y al Derecho, y cuya introducción va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera”.