Es evidente el giro provida de Estados Unidos desde que Trump ocupa la Casa Blanca. Medidas provida, excarcelamiento de activistas acosados por Joe Biden y declaraciones y posicionamientos de primeros espadas de la Administración a favor de la vida. A lo que hay que sumar la congelación de subvenciones al aborto. 

Ahora la Administración Trump-Vance da un paso más y, frente a toda una corriente mundialmente aceptada del 'derecho al aborto', el Gobierno estadounidense ha calificado este crimen como lo que es, un antiderecho. Así, ha anunciado una nueva política que clasifica como violaciones de derechos humanos los procedimientos transgénero en menores, políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), restricciones a la libertad de expresión y abortos financiados por el Estado.

"Los informes anuales por país del Departamento de Estado sobre prácticas de derechos humanos ahora darán cuenta de los procedimientos transgénero para menores, la contratación de DEI, los ataques a la libertad de expresión y los abortos financiados por el estado", aseguró un funcionario del Departamento de Estado a manos de Marco Rubio a The Daily Signal.

Estos informes, que se elaboran en cumplimiento de la Ley de Asistencia Exterior de 1961 y la Ley de Comercio de 1974, evalúan la situación de todos los países que reciben ayuda estadounidense y de todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Ahora tendrán que informar de si las prácticas como el aborto o los tratamientos trans están siendo financiados por el Estado.

"En los últimos años, nuevas ideologías destructivas han dado refugio a violaciones de derechos humanos", declaró Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado. "La administración Trump no permitirá que estas violaciones de derechos humanos, como la mutilación de niños, las leyes que restringen la libertad de expresión y las prácticas laborales racialmente discriminatorias, queden sin control. Decimos que ya es suficiente".

Por ejemplo, en el caso del aborto, los Estados miembros deberán contabilizar el número de abortos que se realizan en sus países y serán denunciados por financiar abortos o la distribución de medicamentos abortivos. 

Entre esas infracciones de derechos humanos, encontramos:

  • Procedimientos de cambio de sexo para menores, como regímenes de reemplazo hormonal o cirugías transgénero irreversibles.
  • Abortos financiados por el gobierno o medicamentos abortivos, así como el número total estimado de abortos anuales.
  • Arrestos, sanciones administrativas e “investigaciones oficiales o advertencias” por expresiones o “discursos de odio”.
  • La aplicación de políticas como la acción afirmativa o la diversidad, la equidad y la inclusión que “brindan un trato preferencial” a los trabajadores en función de su raza, sexo o casta.
  • La facilitación de la migración masiva o ilegal a través del territorio de un país hacia otros países.
  • Intentos de obligar a las personas a practicarse la eutanasia.
  • Violaciones de la libertad religiosa, incluida violencia y acoso antisemitas.
  • Abusos médicos, incluidas pruebas forzadas, sustracción forzada de órganos y prácticas eugenésicas de edición genética en embriones humanos.

Trump, Vance y Rubio consiguen así volver a los derechos humanos reales, a defender la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Esta Administración vuelve a sus aciertos del pasado con Mike Pompeo, antiguo secretario de Estado de Donald Trump, que capitaneó a 32 países que firmaron en Naciones Unidas la Declaración de Consenso de Ginebra. Los firmantes -no, España no firmó- no se declaran contra el aborto, sino contra el derecho al aborto.

Hemos pasado del aborto despenalizado al aborto libre, de éste al derecho al aborto. Es decir, quien se oponga a la matanza de inocentes es un delincuente. Y el país que se atreva a defender la vida será antidemocrático. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. 

Y la Administración Trump, como ya hizo en su primer mandato, se cruza en todo esto. ¿El aborto, un derecho? Por ahí no pasamos. Porque el aborto es un crimen pero el ‘derecho al aborto’ constituye la tiranía del siglo XXI. No sólo eliminamos al más inocente y más indefenso sino que además, condenamos a la marginación a aquel que se atreva a discrepar.

En resumen, la Casa Blanca se revuelve contra los llamados derechos de segunda generación, la nueva y aberrante tendencia de Naciones Unidas, donde se invierte el sentido de la Carta de los Derechos del Hombre, de 1948, en la que, por ejemplo, el derecho a la vida,el primero de todos los derechos, se ha convertido en derecho al aborto, justo lo contrario. Y así con todo.