El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha fallado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debería haber divulgado los SMS intercambiados entre ella y el entonces CEO del laboratorio Pfizer, Albert Bourla, en 2021, durante la pandemia y, en consecuencia, ha anulado su decisión. “La CE no ha proporcionado una explicación convincente para justificar la ausencia de los documentos solicitados”, dice el TGUE. Y le insta a dar "explicaciones creíbles":

El TGUE ha criticado la falta de transparencia de la Comisión Europea acerca de sus negociaciones con el laboratorio estadounidense, porque denegó el acceso a los SMS al periódico The New York Times, que fue el medio que informó sobre el caso en abril de 2021 y el que pidió a Bruselas que divulgase el contenido de esos mensajes.

La Comisión Europea se negó entonces justificándose en que esos mensajes no eran documentos oficiales y “porque no contenían información relevante”, y que por lo tanto no fueron guardados.

Se da la circunstancia de que en esas fechas -entre enero de 2021 y mayo de 2022-, Bruselas negociaba con Pfizer (con su CEO, Albert Bourla) un contrato para aumentar las dosis de vacunas. Concretamente, Bruselas compró a Pfizer 1.800 millones de dosis de vacunas por un valor de 35.000 millones de euros.

El TGUE afirma que "la Comisión no puede limitarse a afirmar que no tiene en su poder los documentos solicitados, sino que debe presentar explicaciones creíbles que permitan al público y al Tribunal General entender por qué no pueden encontrarse esos documentos. La Comisión no explicó en detalle el tipo de búsquedas que supuestamente se realizaron para encontrar esos documentos, ni especificó los lugares en que esas búsquedas se llevaron supuestamente a cabo. Por lo tanto, no proporcionó una explicación plausible para justificar que no estaba en posesión de los documentos solicitados. Además, la Comisión no aclaró suficientemente si los mensajes de texto solicitados se habían suprimido y, de ser así, si la supresión había sido voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de la presidenta había sido sustituido en ese intervalo de tiempo".

Esta sentencia del TGUE no es firme y, por lo tanto, puede ser recurrida por el Ejecutivo comunitario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en un plazo de dos meses y 10 días.

Tras conocer la sentencia, la Comisión Europea explicó que la está estudiando y aseguró, con bastante cinismo, que "la transparencia siempre ha sido de suma importancia para la Comisión y la presidenta Von der Leyen".