El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, hay veces que sorprende. Por ejemplo, su primera medida nada más aterrizar en Downing Street: rebaja de los impuestos a la energía para ayudar a lidiar con el auge en el coste de la vida en el país. También asombra la vuelta a la cordura con la ideología trans: obligando a que los aseos o vestuarios sean utilizados en función del sexo de nacimiento.

Estas medidas han hecho que el Partido Laborista al que representa esté creciendo en las encuestas. Y esta semana ha dado otra sorpresa que tendremos que ver cómo impacta en los británicos: el Parlamento británico ha rechazado un proyecto de ley para legalizar la eutanasia en Inglaterra y Gales.

Cuatro horas de debates y una votación muy reñida, que acabó con el rechazo del texto por 286 votos contra 270, y Burnham no ha participado en la votación para no "influir en el debate". Es más, el partido dejó a sus diputados libertad de voto según conciencia.

Esta postura lo hemos visto con declaraciones de dos diputadas del partido Laborista, la diputada laborista Lauren Edwards, impulsora del proyecto, que ha asegurado que se trata de "un resultado enormemente decepcionante" para "los muchos miles de personas con enfermedades terminales y sus seres queridos a quienes se les dio esperanza cuando la Cámara de los Comunes votó a favor de este proyecto de ley el año pasado".

Mientras en su mismo partido, la diputada Janet Daby ha explicado que había dejado de apoyar la medida tras haber tenido "pesadillas sobre la muerte y el hecho de morir" después de votar a favor del proyecto de ley.

El colectivo Assist Us To Live, formado por personas con discapacidad y con enfermedades terminales, ha calificado el resultado como "una victoria" para "todos aquellos a quienes este proyecto de ley habría puesto en peligro".

El proyecto preveía que la ayuda para morir fuera accesible para enfermos con una esperanza de vida inferior a seis meses y requería una solicitud por escrito o el visto bueno de dos médicos y de una comisión de expertos.

Así, la Cámara de los Comunes ha evitado (menos mal) que Reino Unido se una al club de los progres como España, Bélgica, Canadá, Suiza, Uruguay o Francia, que aprobó la medida este julio, pero que ya está rodeada de polémicas.