Empezamos esta crónica semanal de Hispanoamérica  —en la que hacemos especial énfasis en la defensa de la vida, la familia natural, la libertad de enseñanza y el bien común, es decir, los principios no negociables establecidos por Benedicto XVI—  en México, para defender la ley natural frente a la ideología de género, una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica sino una construcción sociocultural. Es decir, que cada uno puede elegir su sexo con independencia de su biología. Todo lo cual atenta contra la ley natural, pues todo el mundo sabe con la sola razón que se nace hombre o mujer y nadie nos pidió permiso para ello, como tampoco para nacer. 

Y en ese país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el cambio de sexo legal para los niños, con lo que ahora los menores de edad podrán solicitar una nueva acta de nacimiento, algo que Marcial Padilla, director de ConParticipación, considera “una locura al máximo nivel”. En un mensaje enviado a ACI Prensa, Marcial Padilla lamentó: “A la Suprema Corte de Justicia se le ocurrió que los menores de edad, que no pueden votar, que no se pueden casar, no pueden fumar, no pueden comprar alcohol, sí pueden cambiarse el sexo legal y escoger si son niños o niñas”. “Parece que ha llegado una locura al máximo nivel de nuestro país”. Padilla resaltó que “la Suprema Corte de Justicia no puede hacer que la tierra sea plana y sobre todo, señores ministros, ustedes más que nadie deberían saber que con los niños no. Con los niños no se metan. Déjenlos en paz”.

La propiedad privada es un derecho constitucional y una garantía jurídica básica consignada en múltiples convenios internacionales suscritos por Nicaragua

Nos vamos ahora a Nicaragua, para defender el derecho a la propiedad privada (como parte del principio no negociable del bien común). El ex candidato presidencial de ese país, Félix Maradiaga, denunció que es una “grave violación a los derechos humanos fundamentales” que la dictadura de su país haya confiscado sus bienes y los de los otros 221 presos políticos deportados en febrero. 

“Este robo es otra grave violación a los derechos humanos fundamentales, ya que la propiedad privada es un derecho constitucional y una garantía jurídica básica consignada en múltiples convenios internacionales suscritos por Nicaragua”, indicó en un mensaje compartido con ACI Prensa. “Es una acción gravísima contra los 222 presos políticos, que se suma a la que había sido tomada previamente contra otras 94 personas en otra lista, incluyendo a mi esposa Berta Valle”, agregó.

Además, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó bloquear las cuentas bancarias de varios sacerdotes en algunas diócesis del país, según denunció la abogada e investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina. En declaraciones también a ACI Prensa, la autora del informe 'Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?' denunció que sacerdotes de diócesis como Granada, Jinotega, León, Matagalpa y Estelí le habían informado “acerca del bloqueo de sus cuentas bancarias” el miércoles 14 de junio. Para Molina “esto es una arbitrariedad más de la dictadura en contra de la Iglesia Católica nicaragüense” y “es algo que se va a generalizar a más sacerdotes e inclusive laicos”. 

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410 menores sufren prisión al año en Cuba, según ha podido confirmar la propia Naciones Unidas

Y de la dictadura nicaragüense nos vamos a la tiranía comunista cubana, donde con datos a fecha 31 de mayo, la lista de prisioneros políticos y de conciencia en la isla asciende a un total de 1.037, que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva. Sólo en los últimos 12 meses se han añadido 246 nuevos presos políticos en Cuba, informa Prisoners Defenders. 

Actualmente los menores que siguen estando en la lista de prisioneros políticos son 31 niños y 4 niñas, en total 35 menores, los que aún cumplen sentencia (32 de ellos) o están siendo procesados penalmente (3 de ellos). En un informe a Naciones Unidas, el régimen recientemente reconoció la veracidad de estas cifras. 

Buena parte de los menores se encuentran en prisiones presuntamente para menores, pero son centros de carácter totalmente penitenciario que eufemísticamente se denominan ‘Escuelas de Formación Integral’, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos centros penitenciarios, con celdas, se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas este mismo 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. 

El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según ha podido confirmar la propia Naciones Unidas.