La primer Ministro de Italia, Giorgia Meloni, nunca ha ocultado su oposición al aborto y a los vientres de alquiler y su deseo de implementar políticas que fomenten la natalidad en el país transalpino. Hace unos meses aprobó también medidas contra el aborto. Así la mujer que quiera abortar tendrá que escuchar el latido de su hijo primero, además permitirá y financiará el acceso a los consultorios familiares a organizaciones provida. De la misma manera, grupos provida podrán también ofrecer otras opciones y contar los riesgos del aborto a las mujeres que se lo estén planteando. 

En su línea provida, se negó y consiguió que el aborto no apareciera en la declaración del G-7. La idea era continuar con la declaración de Bruselas en la que se instaba a los estados de la Unión a proteger el aborto y firmar una declaración conjunta en la que se hablaba de la "importancia de preservar y asegurar el acceso al aborto seguro y legal y los cuidados post-aborto". Meloni dijo que no estaba dispuesta a firmar una declaración a favor del aborto en su país y menos cuando le tocaba a ella la presidencia rotatoria del grupo, y lo logró. 

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A las medidas ya aprobadas, Meloni estaría estudiando dar ayudas económicas a las mujeres que decidan continuar con su embarazo y no abortar: concretamente se les daría 1.000 euros al mes durante cinco años por renunciar a abortar. Es decir, implantar el salario maternal a cambio de no abortar.

Como era de esperar, la oposición, más partidaria del aborto libre, ve esta medida como una forma de presionar a las mujeres para que no maten a sus hijos. Además, han aprovechado para criticar otra norma aprobada recientemente con la que se ha convertido en delito universal la maternidad subrogada.

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