El Fiscal Especial para el Departamento de Justicia, Jack Smith, designado por el Fiscal General de la Administración Biden, Merrick Garland, trata de sortear la doctrina sobre la inmunidad presidencial que fijó hace tan solo un mes el Tribunal Supremo para tratar de imputar de nuevo al expresidente y candidato republicano a las elecciones presidenciales, Donald Trump. 

En esencia, el Alto Tribunal declaró que los presidentes y expresidentes gozan de inmunidad cuando se trata de actuaciones que derivan del ejercicio de sus funciones como inquilinos de la Casa Blanca. Así, tanto Trump como el resto de presidentes tienen “inmunidad absoluta” frente a procesos penales por “actos oficiales” durante su mandato, pero aún pueden enfrentar sanciones penales por “actos no oficiales”.

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La Corte aclaró que no existe inmunidad para actos que no estén relacionados con las funciones oficiales del presidente. Por ejemplo, actividades de campaña o acciones personales no están cubiertas por esta inmunidad. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que es quien redactó el fallo aseguró que un presidente “no está por encima de la ley”, pero tiene “inmunidad absoluta” frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras estaba en el cargo.

“Por lo tanto, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales”, redactó Roberts. 

Esta sentencia fue publicada en julio, ahora, un mes más tarde, en un intento desesperado por dañar la imagen de Trump ante las ajustadas encuestas, el Fiscal Especial ha modificado la imputación para tratar de mantener la acusación contra el republicano, retirando los cargos por supuestas presiones al Departamento de Justicia, pero manteniendo la acusación de fraude a Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial. Una imputación que, como consideran muchos expertos, no tendría recorrido alguno a la vista de la doctrina fijada por la máxima instancia judicial de los Estados Unidos. 

Con esta actuación de dudoso fundamento jurídico, Smith pretende mantener de forma artificial la causa abierta contra Trump, además debe tenerse en cuenta que el Departamento de Justicia, tradicionalmente, ha mantenido el criterio de no adoptar decisiones que pueden influir en las elecciones. Esta norma se encuentra en el propio manual del Departamento, que establece explícitamente que los fiscales deben evitar tomar acciones que tengan el "propósito de afectar cualquier elección, o con el propósito de dar una ventaja o desventaja a cualquier candidato o partido político".