En esta crónica semanal sobre Hispanoamérica recogemos noticias destacadas acaecidas en la región compuesta por países hermanados en la Hispanidad (que tienen en común su fe cristiana, su cultura y su lengua y cuya patrona es la Virgen del Pilar). 

Esta semana empezamos en Colombia donde, recientemente, una red de clínicas abortistas dio a conocer que en los últimos tres años más de 150.000 mujeres abortaron en el país y que el año pasado el número sobrepasó “las 56.000”.

En ese contexto, se ha presentado una iniciativa para ayudar a las madres que se están planteando abortar. Se denomina ‘Proyecto Acuerdo 340’ y desarrolla una ‘Ruta por la Vida’ consistente en “un conjunto de acciones, medidas y estrategias para atender, proteger, acompañar y garantizar de manera integral los derechos de las mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer respecto a la maternidad, el embarazo y el derecho a la vida”.

En Colombia, la Corte Constitucional despenalizó el aborto bajo tres causales en su sentencia C-355 del 2006 —por malformación del feto, violación, y cuando el embarazo “constituya peligro para la vida o la salud de la mujer”— y lo liberalizó hasta las 24 semanas de gestación con su fallo 055 del 2022. Y en la causa de la ‘salud de la mujer’ es donde se producen muchos abortos, alegando peligro para su salud psicológica (como ocurrió en España con la ley abortista de Felipe González). 

Por eso, en declaraciones a ACI Prensa, Carol Borda --promotora de la iniciativa-- explicó que el Acuerdo 340 se enfoca “en salud mental porque, indiscutiblemente, es la principal razón por la cual las mujeres acceden a un aborto, especialmente en el marco de las tres causales”.

En México, como ha venido contando Hispanidad, tanto el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador como su sucesora y actual presidenta, Claudia Sheinbaum, han fracasado en sus políticas para combatir el crimen organizado, muchas veces vinculado a las narcobandas.

López Obrador y Sheinbaum -ambos pertenecientes al izquierdista partido Morena (Movimiento de Regeneración Naciona)- son partidarios de aplicar la política de “abrazos, no balazos” contra los delincuentes, un buenismo que aprovechan estos para campar a sus anchas y cometer todo tipo de delitos.

En ese contexto de impunidad de la violencia y de vacío moral, se producen asesinatos y acciones violentas cada día.

Por ejemplo, esta semana fue asesinado Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, municipio ubicado en el estado mexicano de Michoacán, cuando un individuo se le acercó y le disparó a quemarropa. 

Se da la circunstancia de que Manzo ya ha había expresado su miedo por culpa de los “grupos criminales, cárteles muy poderosos”.  Y había pedido ayuda a la presidenta Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para combatirlos. 

Ante este último asesinato, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) volvió a exigir “determinación e inteligencia” para luchar contra el crimen organizado por las amenazas contra la vida “de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades al trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales y recreativas”. 

La CEM también expresó su cercanía con quienes “aun en medio de contextos marcados por la violencia, permanecen fieles a su misión de anunciar el Evangelio”. Su “entrega silenciosa y valiente es un signo vivo de la presencia de Cristo en medio de su pueblo, recordándonos que la luz nunca se extingue frente a la oscuridad”. 

Finalmente, encomendaron a Santa María de Guadalupe que “guíe nuestros corazones e interceda por nosotros para que juntos alcancemos la paz, la libertad y el desarrollo que nuestro México merece”.

En Bolivia, el Tribunal Supremo de Justicia anuló esta semana la condena a diez años de cárcel contra la expresidenta autoproclamada Jeanine Áñez, que había sido condenada por un supuesto golpe de estado, tras ser acusada de «autoproclamarse» presidenta en 2019 después de que el expresidente Evo Morales acabara renunciando al poder tras un fraude electoral. 

Áñez fue sentenciada en 2022 por el caso denominado 'Golpe II' a diez años de cárcel. 

Ahora, el Supremo de Bolivia señala que "se ha visto que hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente, esas vulneraciones han afectado el debido proceso, y también los derechos que ella goza". "Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia". 

La expresidenta --lo fue durante casi un año, entre 2019-2020-- ha pasado cuatro años y ocho meses en la cárcel.