En esta crónica semanal sobre Hispanoamérica recogemos noticias destacadas ocurridas en la región compuesta por países hermanados en la Hispanidad (que tienen en común su fe cristiana, su cultura y su lengua y cuya patrona es la Virgen del Pilar) y tratando de defender los principios no negociables -vida, familia, libertad de enseñanza, bien común y libertad religiosa- establecidos por el Papa Benedicto XVI para una acción política basada en el humanismo cristiano.

Empezamos en Colombia, donde el próximo 23 de mayo tendrá lugar la 'Marcha por la Vida', cuando se cumplen 20 años de la despenalización del aborto en el país, que desde entonces ha causado la muerte a 500.000 niños. 

El director de Unidos por la Vida, Jesús Magaña, se dirigió a los políticos: “Podemos decir que para el próximo Congreso que inicia el 20 de julio tendremos una bancada fuerte y vigorosa que luchará a favor de la vida. Por eso hay que seguir marchando. El próximo 23 de mayo los esperamos a todos en la vigésima Marcha Nacional por la Vida”.  

Nos vamos a México, al estado de Guerrero, donde se ha realizado una semana de oración en desagravio por los asesinatos de niños cometidos desde que hace cuatro años se aprobase el aborto libre hasta las 12 semanas de gestación.  

En entrevista con ACI Prensa, Tomás Gerardo García Sánchez, coordinador de la Dimensión Episcopal de Vida de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, explicó que se trata de “hacer conciencia en la necesidad de promover la cultura de la vida para contrarrestar la violencia en el Estado de Guerrero y transformarlo en un ambiente de paz”. “A lo largo de la historia de la humanidad, ninguna batalla se ha ganado sin la oración antecediendo a la acción”. 

García Sánchez destacó que, desde entonces, “se ha incrementado el número de mujeres explotadas, desplazadas, marginadas, excluidas, desaparecidas y violentadas”. “Las mujeres no necesitan aborto, necesitan ayuda, acompañamiento y sobre todo seguridad para sus familias”. 

Seguimos en México, país del que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA), ha publicado un informe acerca de la desaparición de personas desde el año 2018 hasta junio de 2025. 

En su nota de prensa, la CIDH encuentra que la práctica de desaparición de personas genera “una grave crisis de derechos humanos”. Al cierre de su informe, a junio de 2025, se contaban más de 128.000 personas desaparecidas y conteos independientes calculaban más de 70.000 cuerpos bajo custodia del Estado no identificados. 

En su informe, la CIDH refiere que la autoría de las desapariciones corresponde, en gran medida, “al crimen organizado”. Asimismo, se documentan en el informe varios casos en que estas habrían ocurrido “en connivencia entre el crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia, así como autoridades políticas”.

En cualquier caso, el periodo analizado por la CIDH abarca los mandatos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2024) y el actual de Claudia Sheinbaum, ambos del mismo partido (el ultraizquierdista Morena), periodos caracterizados por su ineficacia contra el crimen organizado, en gran medida por culpa de sus políticas de “abrazos y no balazos”, contra los criminales. 

Nos vamos a Venezuela, donde la semana pasada se conoció la muerte del preso político Quero Navas, que fue detenido el 1 de enero de 2025, y que sufrió malas condiciones sanitarias durante su estancia en prisión. 

En relación a este caso, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha emitido un comunicado en el que expresa su "profunda consternación y dolor ante el anuncio del fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas" y critica al régimen: "Es moralmente inaceptable y jurídicamente alarmante que Víctor Quero haya fallecido en julio de 2025 mientras el Estado suministraba información contradictoria a su familia son signos de una falta de transparencia y probidad del Estado. El hecho de que se negara su paradero en recintos como El Rodeo I, mientras ya había fallecido, constituye una falta gravísima a la ética pública. Esta ocultación deliberada configura elementos de desaparición forzada, un delito que la justicia no puede ni debe ignorar".