El sindicato de inspiración peronista Confederación General del Trabajo (CGT), la mayoritaria de Argentina, presentó una medida cautelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para suspender la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el presidente argentino, Javier Milei, el pasado día 20. Además, CGT pide que se dejen sin efecto los cambios en materia laboral que entraron en vigor el 29 de diciembre.

Así, los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera dictaron a favor de la medida cautelar solicitada por la central obrera, paralizando la reforma laboral de Milei, hasta que haya "sentencia definitiva" el Título IV del DNU. Por el contrario, la tercera integrante de la Sala, María Dora González, cree que el tema debía pasar a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

Los medios argentinos aseguran que, hasta que llegue la sentencia definitiva del Contencioso-Administrativo, no hay dudas de que el Gobierno recurrirá la decisión, de hacerlo, el tema escalará a la Corte Suprema.

Entre las medidas aprobadas por Milei se incluían cambios en los juicios laborales, la extensión de los periodos de prueba, la limitación de derecho a huelga o la reducción de los aportaciones y contribuciones jubilatorias.

Así hasta llegar a un decreto que implementa 300 medidas, con el objetivo de desregular y desburocratizar la economía. Medidas que se completan con las que su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció: reducción a la mitad de ministerios y secretarías, recorte de transferencias a las provincias, menos licitación de obra pública, menos subvenciones a la energía o al transporte público...

Aunque Milei ya aseguró que, ante la posibilidad de que el Congreso argentino rechazara sus medidas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia, organizará una consulta popular, para preguntar sobre sus numerosas medidas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas.