El pasado 20 de noviembrer, el Tribunal Supremo condenó por un delito de revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a indemnizar al perjudicado, Alberto González Amador (novio de Isabel Díaz Ayuso), con 10.000 euros por daños morales. El fallo fue adelantado por el propio tribunal en una escueta nota de prensa.

La pena impuesta a García Ortiz consistió en dos años de inhabilitación especial para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado; una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 € a favor de Alberto González Amador por daños morales. El Alto Tribunal también dejaba en manos de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, su posible expulsión de la carrera judicial.

Después de conocerse la condena, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos comenzó una campaña, apoyada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), una asociación de fiscales minoritaria, en change.org para pedir al indulto al exfiscal general como un "necesidad democrática". 

Mientras el Gobierno, según apuntas varios medios, prepara el indulto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, asesta un duro golpe a Sánchez y a García Ortiz, desestimando los dos incidentes de nulidad presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la condena impuesta. El tribunal descarta que se hayan vulnerado los derechos fundamentales del ex número 1 del Ministerio Público durante el proceso penal dirigido contra él por revelar secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

La Sala se basa en la sentencia condenatoria y argumenta, entre otras cosas, que sí tuvo en cuenta los testimonios exculpatorios, pero que, ponderadas todas las pruebas, se declararon "probados los hechos por los que se ha condenado al señor García Ortiz". La magistrada de la Sala de lo Penal Susana Polo ha formulado un voto particular discrepante, al que se ha adherido también Ana Ferrer. 

Una vez el Supremo ha desestimado este incidente de nulidad, García Ortiz podrá acudir al Tribunal Constitucional en amparo y tratar de que el órgano de garantías anule su condena... ¿y de quién depende el Constitucional?