La Oficina Anticorrupción de Navarra estima que la concesión para las obras del túnel de Belate a Servinabar -la empresa en la que Santos Cerdán tiene un 45% de la propiedad-, por parte del Gobierno foral de María Chivite (PSOE), es "nula de pleno derecho", tras haber hallado "irregularidades administrativas". 

Estas obras fueron adjudicadas por el Gobierno de Navarra de la socialista María Chivite por un importe total de 76 millones de euros a una UTE (Unión Temporal de Empresas) en la que figuraban Fermín Oses, Acciona y Servinabar. Esta última empresa es propiedad de Joseba Antxón Alonso, que suscribió un contrato privado con el exnúmero 2 del PSOE Santos Cerdán para la venta del 45% de la empresa, documento que fue encontrado por la UCO de la Guardia Civil y puesto a disposición del Tribunal Supremo. 

Joseba Antxon Alonso ya declaró el pasado 7 de julio ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye el Caso Koldo, y en aquella ocasión reconoció que Cerdán sí había firmado el citado documento que le otorgaba el 45% de la propiedad de la empresa, pero que nunca se ejecutó, por lo que él es el dueño único. El administrador único de Servinabar también negó el pago de comisiones ilegales a la trama por las adjudicaciones de obras públicas.

Así las cosas, desde el partido mayoritario de la oposición en Navarra, UPN, ya se ha pedido la dimisión de la presidenta del Gobierno foral, la socialista María Chivite (PSOE). 

Cabe recordar las lágrimas de Chivite al enterarse de las revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil, acerca de su amigo, el exnúmero 2 del PSOE, Santos Cerdán: “Lo que he leído en el informe de la UCO no se corresponde con mi amigo”.

 

El cinismo de Chivite llega hasta el punto de declarar hoy martes, acerca del informe de la Oficina Anticorrupción de Navarra: "Conocimos tres cuestiones importantes, que no hay corrupción, que no ha habido daño patrimonial para la Hacienda navarra y para el conjunto de los navarros, y que no hay conflicto de intereses". "Ahora bien, sí apuntan los informes irregularidades administrativas". "Errores administrativos no son delitos". "Una irregularidad administrativa no es una ilegalidad y desde luego no es corrupción y muchísimo menos, mordidas".

Por cierto que hoy también se ha sabido que la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado que Cerdán salga de la cárcel por estimar que perdura el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas, razón por la que el Tribunal Supremo decretó su ingreso en prisión provisional. 

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, destaca "la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal", así como el "papel director de Santos Cerdán en ella". También se refiere a "la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, todavía pendientes de identificar y, por ende, la capacidad que Santos Cerdán aún tiene para alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad determinan la necesidad de mantener todavía la prisión provisional”.