El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Pablo Bustinduy (Sumar), ha enviado cartas a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel para instarles a que adopten las medidas y actuaciones que sean necesarias, de acuerdo al Derecho Internacional y la propia Agenda 2030, de cara a “evitar el riesgo de que sus actividades económicas en la zona puedan contribuir a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina”, informa en nota de prensa el propio Ministerio. 

Esta carta, de la que los ministerios de Exteriores y Economía se han desmarcado, ha generado polémica en el propio Ejecutivo y hasta ha motivado una reacción de la embajada de Israel en España: "La demonización y deslegitimación de Israel, recurriendo a acusaciones carentes de fundamento, da alas a Hamás y a quienes persiguen la desaparición del estado de Israel, son una clara incitación al odio y alientan el antisemistimo".

Preguntado por este asunto, hoy, el propio Bustinduy ha afirmado que que "no va a alimentar ninguna polémica" con los ministros socialistas y ha añadido que no tiene "la voluntad de alimentar o de ampliar ninguna polémica o ninguna controversia que pueda distraer el foco de lo realmente importante, la situación insoportable que está atravesando el pueblo palestino".

Por otra parte, en relación a la situación en Gaza pro el conflicto entre Israel y los terroristas yihadistas de Hamas, las acampadas en universidades españolas se han extendido a Valencia, Madrid, Barcelona, País Vasco, Pamplona o Sevilla. 

Ayer, otra ministra 'ultraizquierdista', la ministra Juventud e Infancia, Sira Rego, mostraba su apoyo las citadas acampadas: "La juventud está movilizándose y está abriendo debates sociales de calado y creemos que es de especial valor".