Pedro Sánchez y su fiel servidor, Álvaro Garcia Ortiz
Así lo ha decidido la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo. Por una amplísima mayoría ha acordado este martes que se debe investigar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont por terrorismo.
Doce fiscales frente a tres han entendido que en el caso de Tsunami Democràtic puede haber delito de terrorismo y once fiscales frente a cuatro han señalado que existen indicios contra Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg.
Además, la mayoría de fiscales consideran que la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena es competente para investigar a Puigdemont en la causa de Tsunami, dando la razón al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.
La decisión se conoce tras los rumores de presiones por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hacia el ponente del informe para que descarte la posibilidad de imputar al expresident catalán. Tanto el fiscal, Álvaro Redondo, como García Ortiz han desmentido las informaciones, sin embargo, Redondo reconoció haber redactado "un primer borrador interno" que luego reescribió, tras un "profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos relatados" por García-Castellón, y concluyó que no había indicios de terrorismo.
Por lo que ahora mismo nos encontramos con cuatro posturas sobre las acciones presuntamente delictivas del Tsunami: por un lado tenemos al juez instructor, García-Castellón, que aprecia terrorismo y sitúa a Puigdemont en el centro de la organización, la del fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que opina que no hubo terrorismo sino desórdenes públicos agravados y que por tanto los hechos deben ser investigados en Barcelona, la de Álvaro Redondo, que cree que los indicios son "demasiado abiertos" y cree que debería ser García-Castellón el que investigara, por último, tenemos a Junta de Fiscales que da la razón a García-Castellón.
Noticia a la que se le une la declaración aprobada por unanimidad del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, con la que los magistrados reivindican la separación de poderes y afean el comportamiento de la Presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando, bajo su presidencia, dejó que varios diputados les acusaran de “lawfare”, señalando a jueces como Marchena o García-Castellón.
"Rechazamos con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo, al tiempo que manifestamos que seguiremos defendiendo la independencia del Poder Judicial residenciada en todos y cada uno de los jueces y juezas españoles. Debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial".
"Reiteramos que la independencia judicial es una pieza clave del Estado de Derecho y su defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y su salvaguarda corresponde a todos los Poderes del Estado”.
Ambas noticias unidas juegan un papel fundamental en la tramitación de la ley de amnistía, ya que si los jueces terminan imputando a Puigdemont por terrorismo, Sánchez tendría que ceder ante Junts y concederle la amnistía total, con un texto que perdone toda clase de terrorismo.
Y con toda esta polémica, una delegación de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia de derecho, llegará esta semana a España para examinar la ley de amnistía. Está previsto que mantengan reuniones con los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, y con miembros de los grupos parlamentarios.
