Aprobada en comisión la Ley de Amnistía para los catalanes incursos en el Procés, y mientras el inefable ministro Félix Bolaños hablaba de "ley histórica" de "reconciliación nacional", Junts y ERC blasonaban de haberle doblado el pulso de nuevo al Gobierno español. Pero, el asunto no acaba ahí, De inmediato, desde la Generalitat, presidida por Pere Aragones, se ha hecho saber al Ejecutivo que la nueva estación es el cupo vasco. Si lo prefieren, el concierto foral del que disfrutan Navarra y el País Vasco frente a las 15 CCAA restantes o Régimen Común. 

Como se sabe, la gran diferencia entre Navarra y el País Vasco es que en el caso de estas dos comunidades, son sus gobiernos los que recaudan los impuestos y luego, ceden una parte al resto de España. En las 15 regiones restantes ocurre justamente lo contrario. 

Pues bien. los catalanes, muy crecidos aseguran que este es el nuevo mojón y en ningún caso recocen que la Ley de Amnistía haya significado un pacto de investidura y, por supuesto, insisten en que no se arrepienten de nada y que lo volverán a hacer. Como mucho, auspician otro positivo en los actuales Presupuestos Generales del Estado (PGE). En resumen, hablamos de una nueva exigencia que posiblemente exigirá una reforma constitucional o, al menos, una reforma del Estatuto de Autonomía catalán y justo en el momento en el que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba la reforma de todo el sistema de financiación autonómica. Para entendernos: las 14 comunidades autonómicas restantes tendrán que esperar y, por supuesto, recibirán menos autonomía ergo, menos dinero, que los catalanes. ¿O es que esperan otra cosa?