Este miércoles terminaba el plazo dado por el Tribunal de Cuentas para que los encausados por el ‘procés’ pagaran las fianzas impuestas por el propio tribunal, que ascienden a 5,4 millones de euros. En concreto, los encausado son 34 exaltos cargos por la acción exterior de la Generalitat realizadas entre los años 2011 y 2017.

Pues bien: finalmente será la propia Generalitat catalana la que, por medio del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), cubra las fianzas.

Lo ha explicado en la sesión de control a los consellers en el Parlament el conseller de Economía, Jaume Giró.

El anuncio del conseller llega después de que el martes explicara que renunciaban a utilizar el ICF para no poner en riesgo a los trabajadores públicos pese a que así lo contemplaba el decreto ley sobre la creación de un Fondo Complementario de Riesgos, para cubrir las citadas fianzas.

Sin embargo, Giró ha asegurado que, en las últimas horas, ha recibido llamadas de personal del ICF pidiéndole que utilizara este recurso, por lo que ha decidido cambiar de criterio.

La decisión de recurrir al ICF finalmente se ha tomado después de que la Generalitat no encontrara ninguna entidad financiera dispuesta a avalar el fondo impulsado pro el Govern.

Así las cosas, queda por saber si la Generalitat incurre en prevaricación, pues no se pede utilizar dinero público para pagar las citadas fianzas.