Como recogió ayer Hispanidad, el Consejo de Ministros aprobó la regularización de medio millón de inmigrantes irregulares, que probablemente sean muchos más. 

Nos lo había anunciado previamente en una nueva carta --después de aquella en la que se mostró como un hombre "profundamente enamorado" de su esposa, tras ser ésta imputada--, vendiéndonos esta vez las supuestas bondades de esta medida. 

A nadie se le escapa que el siguiente paso será el de conceder la nacionalidad española a estos inmigrantes, de tal manera que puedan votar, si no en las próximas elecciones generales, sí en las siguientes. ¿O acaso alguien piensa de verdad, a estas alturas de la película, que Sánchez está preocupado por el futuro de los inmigrantes?

Así las cosas, ya se van a producir movimientos judiciales contra esta medida. Por ejemplo, el recurso que va a interponer la Generalitat Valenciana --que dirige el PP y Juanfran Pérez Llorca-- contra el decreto aprobado por el Gobierno, argumentando que "puede provocar un incremento notable en la demanda de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, ámbitos en los que la Comunidad Valenciana ya soporta una elevada presión asistencial".

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio garriga, también anunció que su partido iba a interponer un recurso contra este decreto ante el Tribunal Supremo solicitando su suspensión cautelar. “Lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria”.


Es más, la regularización masiva española preocupa a otros países, como Francia, pues una vez que el emigtante regualriza su ssituación en España nada le impide cruzar las fronteras de todos los países miembros de la Unión Europea.