Este jueves, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reunía a la cúpula fiscal para comunicarles su decisión sobre su propuesta para ocupar la plaza de la nueva Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos. El pleno de hoy ha sido adelantado por García Ortiz, pues inicialmente iba a celebrarse el próximo 19 de junio. Y este adelantamiento ya había sentado mal a los fiscales. 

Las prisas del fiscal general del Estado son porque quiere darle a toda costa la plaza a su antecesora en el cargo, o sea, a Dolores Delgado (exfiscal general del Estado y socialista hasta los tuétanos, como el propio García Ortiz y a quien este le debe el cargo). Pero la mayoría del Consejo Fiscal le había manifestado al fiscal general del Estado su rechazo a la designación de Delgado por varias razones.

Las razones aducidas por la mayoría del Consejo Fiscal fueron: que estamos a las puertas de unas elecciones generales. Y también la posible incompatibilidad de Delgado con las funciones que desempeñará en esta Fiscalía, similares a las de su pareja, Baltasar Garzón, dueño del despacho Ilocad, especializado en Derechos Humanos. Es decir, que hay un conflicto de intereses. 

Sin embargo, Garcia Ortiz ha pasado del Consejo Fiscal y en la reunión de hoy ha propuesto a su Delgado para ocupar la plaza. 

El malestar de otros fiscales ha llegado al punto de que los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria en la carrera fiscal- y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, se han negado a participar en la votación en señal de protesta.

Cabe recodar que Delgado ya ascendió a la máxima categoría con la mayoría del Consejo Fiscal en contra. 

Según El Mundo, la AF solicitó la dimisión de García Ortiz y recalcó que «ningún fiscal general había anticipado, con burda maniobra, un Consejo Fiscal ya convocado, sólo para hacer unos nombramientos». «El deterioro de la imagen institucional del Ministerio Fiscal ha alcanzado uno de sus límites más altos» con el «dedazo» a Delgado. 

Mientras que la APIF acusó a la «Fiscalía General del Estado de tratar de engañar a la ciudadanía y los fiscales».

Así que Garcia Ortiz se ha comportado al estilo sanchista: hago lo quiero…, por encima del bien y del mal y de cualquier otra consideración ética.