Contábamos ayer en Hispanidad que Moncloa ha lanzado a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía, que son de todos, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien respondía a todas las acusaciones en una rueda de prensa.

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Decíamos que el martes por la tarde la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en los pasillos del Senado aseguraba que había sabido por la prensa que Ayuso vivía con su pareja en un piso pagado "con fraude a la hacienda pública" y sobre "las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de la pandemia". Esto lo decía sobre las cinco de la tarde, pero la realidad es que no fue hasta las 21:00 cuando medios afines a Moncloa publicaron la noticia. 

Algo que no se ha pasado por alto. La propia presidenta de la asociación Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, ha calificado de "gravísimas" las filtraciones de datos fiscales, "me parece demencial, sencillamente",  y ha pedido que se aclare si esas informaciones salen o no de la Agencia Tributaria.

"Si hay datos que se hacen públicos antes de que sean públicos por los políticos, se pone en entredicho el artículo 95 de la Ley General Tributaria que defiende el carácter reservado de los datos personales con trascendencia tributaria. Por tanto, hay que garantizar y confirmar que esa información no ha salido de la Agencia Tributaria porque sería gravísimo". 

Es más, el ex director general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, ha asegurado que "Estamos ante el caso más grave, anómalo e ilegal de la Agencia Tributaria en toda su historia".

Como era de esperar, Marisu Montero lo ha negado todo y sigue manteniendo que toda la información la leyó en la prensa, haciendo nuevamente gala de sus dotes de adivinación. 

Se ha conocido que la Fiscalía Provincial de Madrid ha enviado a la pareja de Ayuso un ofrecimiento formal para que se declare culpable de la comisión de dos delitos fiscales.

La propuesta, a la que ha tenido acceso en exclusiva El Mundo, ha sido remitida por correo electrónico al abogado del novio de Ayuso horas después de estallar el caso y ocho meses después de que éste pusiera a disposición de la Agencia Tributaria un total de 400.000 euros para regularizar su situación fiscal y terminar con el procedimiento por la vía administrativa mediante una conformidad.

Al parecer, el novio de Ayuso incorporó como gasto a la contabilidad de sus empresas dos facturas correspondientes a proyectos en México y Costa de Marfil, una por 620.000 euros y otra por 900.000 euros, proyectos que resultaron fallidos. Según explica el empresario fue "un error" que atribuye a que tenía previsto abonar dichas cantidades por los proyectos mencionados pero que al final no llegaron a realizarse. En ejercicios posteriores anuló los recibos en la contabilidad. 

Sin embargo, el empresario, como hemos comentado, quiso cerrar el asunto como una discrepancia tributaria, pero en septiembre Hacienda decidió atribuirle la comisión de dos delitos fiscales correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. En total, le atribuye un fraude que asciende a 350.951 euros.

En febrero, según una nota distribuida por la Fiscalía, el letrado del empresario propuso un pacto en el que el empresario reconocería "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021". Pese al ofrecimiento, la Fiscalía continuó con el proceso de judicialización, hasta ahora. 

Porque una vez filtrada la noticia, el fiscal encargado del asunto, horas después de que el caso saltara a los medios, en concreto el martes a las 8:50 horas, enviaba una propuesta para que el empresario admitiera los dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental a cambio de una multa y una pena de prisión sin cumplimiento, es decir, sin cárcel.