Este artículo pretende equilibrar los efectos de la Ley de Memoria Democrática que tiende de manera evidente a resarcir los daños a las víctimas causadas por el franquismo, olvidando obscenamente a la otra parte de la contienda. Se pretende extinguir la Fundación Francisco Franco, sin embargo, en ningún caso, la de Pablo Iglesias. Esta asimetría es insultante y no concebible en pleno siglo XXI.

Hay pérdidas que una nación puede reparar con el tiempo. Se reconstruyen edificios, se levantan puentes, se restauran fachadas, se rehacen archivos administrativos, se indemnizan daños materiales. Pero hay otras pérdidas que no admiten reparación posible. Cuando arde una biblioteca antigua, no se queman simplemente libros: desaparecen anotaciones, procedencias, encuadernaciones, primeras ediciones, manuscritos, rastros de lectores, siglos de inteligencia acumulada. Cuando se destruye un retablo, una talla barroca o una pintura religiosa, no se ataca solo un objeto de culto: se elimina una parte irrepetible de la historia artística de España. Y cuando se dispone de las reservas metálicas de un banco nacional en medio de una guerra civil, no se mueve únicamente oro: se compromete la memoria económica de un país entero.

El siglo XX español conoció una destrucción patrimonial de dimensiones todavía insuficientemente asumidas. La Guerra Civil fue por supuesto una catástrofe humana, pero también cultural. En la zona republicana se produjo una ola de violencia anticlerical y revolucionaria que tuvo como blanco preferente iglesias, conventos, seminarios, colegios religiosos, archivos parroquiales, bibliotecas e imágenes sagradas.

La Guerra Civil fue por supuesto una catástrofe humana, pero también cultural. En la zona republicana se produjo una ola de violencia anticlerical y revolucionaria que tuvo como blanco preferente iglesias, conventos, seminarios, colegios religiosos, archivos parroquiales, bibliotecas e imágenes sagradas

La quema de conventos de mayo de 1931, apenas proclamada la Segunda República, fue el primer gran aviso: ardieron total o parcialmente numerosos edificios religiosos en Madrid, Málaga, Valencia, Sevilla y otras ciudades, con destrucción de patrimonio artístico, documental y litúrgico. Lo que allí comenzó no fue solo una serie de algaradas callejeras. Fue el anuncio de una ruptura moral: la idea de que en nombre de una supuesta redención política, podía prenderse fuego al pasado. La izquierda revolucionaria y socialista de aquellos años no solo desató una crisis política y social, sino también una ofensiva brutal contra el patrimonio histórico de España. Bajo el clima de odio anticlerical y de ruptura institucional, se produjeron saqueos, incendios e incautaciones sistemáticas de símbolos, memoria y civilización.

Uno de los episodios más simbólicos fue el incendio de la Casa Profesa de los jesuitas en la calle de la Flor, en Madrid. Allí ardió una biblioteca de valor excepcional, con decenas de miles de volúmenes acumulados durante generaciones. No se perdió únicamente un depósito religioso. Desapareció un organismo vivo de cultura: libros antiguos, obras de consulta, fondos teológicos, filosóficos, literarios e históricos, documentos de estudio, huellas de lectores y de maestros. En otros edificios religiosos y docentes se perdieron también pinturas, esculturas, archivos, ornamentos, retablos y piezas que hoy serían parte irrenunciable de cualquier inventario nacional de patrimonio. Lo más grave no fue solo la acción de los incendiarios, sino la inhibición, la tardanza o la debilidad del poder público. El Estado que acababa de nacer no supo, no quiso o no pudo defender aquello que no pertenecía solo a la Iglesia, sino a España.

Málaga fue quizá una de las ciudades donde aquella destrucción alcanzó mayor dramatismo. Durante los sucesos de 1931 se perdieron obras religiosas, archivos, esculturas, bordados, ornamentos y piezas artísticas de enorme valor. La destrucción no fue solo material: fue sentimental, histórica, estética y espiritual. Se borró una parte de la ciudad antigua, de sus cofradías, de sus genealogías devocionales y de su memoria popular.

La izquierda revolucionaria y socialista de la Segunda República no solo desató una crisis política y social, sino también una ofensiva brutal contra el patrimonio histórico de España. Bajo el clima de odio anticlerical y de ruptura institucional, se produjeron saqueos, incendios e incautaciones sistemáticas de símbolos, memoria y civilización

A partir de 1936, el fenómeno se agravó. Tras el estallido de la Guerra Civil, la violencia revolucionaria se dirigió con especial saña contra los símbolos religiosos. No todos los republicanos participaron en ella, y conviene decirlo para no falsear la historia. Hubo republicanos moderados, intelectuales, funcionarios y ciudadanos de izquierda que deploraron aquella furia. Hubo también quienes intentaron salvar obras, proteger archivos o impedir saqueos. Pero la dinámica revolucionaria, alimentada por sectores anarquistas, comunistas, socialistas radicalizados y grupos anticlericales, encontró en iglesias y conventos un campo de venganza ideológica.

Si se quiere hablar con claridad, hay que decirlo sin rodeos: aquel periodo dejó una huella de expolio, destrucción y fanatismo que mutiló una parte valiosísima del patrimonio español. No fue progreso, ni justicia social, ni regeneración democrática. Fue ruina cultural, devastación material y una agresión feroz contra la herencia histórica del país. A esta destrucción cultural se sumó la pérdida económica más célebre: el llamado oro de Moscú. En 1936, el Gobierno de la República decidió trasladar una parte enorme de las reservas de oro del Banco de España a la Unión Soviética. La operación sigue siendo objeto de debate historiográfico: algunos autores la interpretan como una decisión desesperada de guerra; otros como una gravísima disposición de patrimonio nacional sin suficientes garantías políticas, jurídicas ni parlamentarias. La cuestión de fondo es que una masa inmensa de patrimonio nacional fue desplazada al extranjero en circunstancias dramáticas sin que España recuperase nunca aquella posición de fortaleza financiera. El oro se convirtió en símbolo de una nación fracturada: patrimonio común utilizado como recurso extremo por una parte del país en guerra contra la otra.

La neutralidad exige distinguir. No todo lo destruido en la Guerra Civil puede cargarse mecánicamente a la izquierda como categoría absoluta, del mismo modo que no toda violencia del siglo XX español puede reducirse a una sola familia política. Pero también exige no ocultar lo evidente: una parte sustancial de la destrucción de patrimonio religioso, bibliográfico y artístico fue causada por sectores revolucionarios de izquierda y por un anticlericalismo que confundió cultura con dominación, fe con enemigo y tradición con opresión.

Tras el estallido de la Guerra Civil, la violencia revolucionaria se dirigió con especial saña contra los símbolos religiosos. No todos los republicanos participaron en ella, y conviene decirlo para no falsear la historia. Hubo republicanos moderados, intelectuales, funcionarios y ciudadanos de izquierda que deploraron aquella furia

Ahí reside la gran paradoja. Mientras se proclamaba la llegada de un mundo nuevo, se destruían las huellas más delicadas del mundo antiguo. Mientras se hablaba de cultura popular, ardían bibliotecas. Mientras se invocaba al pueblo, se privaba al pueblo de su herencia. Mientras se denunciaba la riqueza de la Iglesia, se quemaban obras que, en muchos casos, ya eran patrimonio común de aldeas, barrios y ciudades. Y por eso se debería pedir perdón. No por un gesto ritual que ahora se exige tanto por parte de la izquierda socialista, ni por una concesión retórica al adversario, sino por una elemental exigencia de justicia igualitaria a todos los españoles. España no perdió únicamente edificios. Perdió siglos de paciencia intelectual, de arte acumulado, de liturgia, de música, de encuadernaciones, de manuscritos, de genealogías, de devociones populares, de oficios artesanos y de belleza.

El silencio posterior resulta especialmente grave cuando es la izquierda quien remueve la tragedia nacional y exige restitución de los daños causados. Se trata de reconocer que aquella destrucción existió por parte de quien propiamente, como la izquierda, exige la restitución mediante la promulgación de una ley. Los daños provocados por el furor sectario izquierdista fueron alentados por sectores políticos concretos, revistiéndose muchas veces con lenguaje emancipador pero que en realidad, dejó a España más pobre, más ignorante y más sola ante su propio pasado.

En estos tiempos en los que la izquierda pide y exige pedir perdón, debería en lógica asumir aquella devastación incendiaria a la que sometió a la nación española. Sería devolver dignidad a lo perdido. Sería admitir que ninguna causa política, ninguna revolución, ningún programa social, ninguna pasión partidaria tiene derecho a quemar la memoria de un pueblo. Ayudaría a equilibrar y dar algo de sentido a la Ley de Memoria Democrática, mascarón de proa de la izquierda asimétrica.

Mientras se hablaba de cultura popular, ardían bibliotecas. Mientras se invocaba al pueblo, se privaba al pueblo de su herencia. Mientras se denunciaba la riqueza de la Iglesia, se quemaban obras que, en muchos casos, ya eran patrimonio común de aldeas, barrios y ciudades. Y por eso se debería pedir perdón

El daño fue además moral. Una sociedad que tolera la destrucción de su patrimonio por odio ideológico queda herida en su capacidad de reconocerse. La civilización consiste precisamente en proteger aquello que no coincide con nuestras ideas. El liberal verdadero conserva también la iglesia que no frecuenta; el republicano culto protege el archivo del monasterio; el socialista ilustrado defiende la biblioteca del adversario; el demócrata digno impide que una turba convierta el pasado en ceniza. Por eso conviene escribirlo con serenidad, pero sin cobardía: España no solo fue saqueada por ejércitos extranjeros, piratas o invasores. También fue devastada desde dentro por una furia ideológica que confundió justicia con revancha y progreso con destrucción.

El oro que salió ya no volvió. Muchos libros no volverán nunca. Muchas pinturas desaparecieron. Muchas tallas sobreviven solo en fotografías antiguas. Y allí donde hubo bibliotecas, conventos, archivos y retablos, quedó a menudo la señal más triste de una nación que permitió que una parte de sí misma fuera entregada al fuego. Porque lo que ardió entonces no fue solo piedra, madera, lienzo o papel. Ardió una parte de España. Y todavía hoy, en demasiados lugares, nadie ha querido pronunciar una palabra limpia de arrepentimiento.