Como recogió Hispanidad, el pasado 20 de noviembre, el Tribunal Supremo condenó por un delito de revelación de secretos al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación. 

Después de conocerse el fallo del Supremo, aunque todavía no la sentencia -que no es ilegal, ni habitual, aunque también se ha hecho en otras ocasiones para evitar filtraciones, como, por ejemplo, en el fallo del caso Gürtel que afectaba a la corrupción del PP- miembros destacados del Gobierno salieron en tromba a atacar a los jueces que habían declarado a García Ortiz como culpable, acusándolos de haber prevaricado.  

Lo hizo, por ejemplo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien dijo: "En este país hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar de que tienen que salvar la patria, de que se hunde el Estado de Derecho".

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, criticaba  el fallo del Supremo diciendo que "nunca había pasado que el Tribunal Supremo adelantara un fallo sin ningún tipo de argumentación", cosa falsa, como hemos dicho antes. Pero Alegría ha calificado el fallo como "absolutamente anómalo". 

La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz señalaba que hay  una "parte de la judicatura" que se "cree impune". Y añadió, con gran irresponsabilidad: "Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante y le pido a los españoles que se movilicen en defensa de la democracia y del respeto institucional en nuestro país". 

Por su parte, el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez, pese a conocer el fallo, insistía en la "inocencia" del fiscal general: "Respetamos las sentencias del Tribunal Supremo y las acatamos, pero podemos manifestar nuestra discrepancia”.

Si ha sido condenado es que ya no es inocente, ¿no, señor Sánchez?

Ante todas estas graves acusaciones a los jueces del Supremo, el CGPJ no ha dicho absolutamente nada y se ha quedado callado, sin defender a los miembros del alto tribunal. Algo que ha llamado mucho la atención en sectores judiciales, porque parece que su presidenta, Isabel Perelló, ha dejado de ser neutral y se está empezando a posicionar en favor de las tesis del Gobierno del PSOE, que fue quien la propuso para el cargo, con la connivencia del PP, que -al menos hasta ahora-  la veía como independiente… 

En este contexto, dos asociaciones de jueces, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, han emitido un comunicado conjunto en el que sí defienden a sus compañeros, advirtiendo que las declaraciones recientes de políticos y miembros del Ejecutivo suponen "un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes, principios esenciales del Estado de derecho que rige en España y en el conjunto de la Unión Europea". 

Ambas asociaciones han apelado a la "responsabilidad institucional de todos los poderes públicos, y en especial de quienes integran el Gobierno, para que contribuyan al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza". "Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división. Preservar la confianza en la Justicia es una obligación democrática de primer orden".