Como recogió Hispanidad, el pasado 20 de noviembre, el Tribunal Supremo condenó por un delito de revelación de secretos al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación. 

El fallo fue adelantado por el propio tribunal en una escueta nota de prensa, pero todavía no ha sido publicada la redacción de la sentencia.

Y este hecho, que no es ilegal, ni habitual -aunque también se ha hecho en otras ocasiones para evitar filtraciones, como, por ejemplo, en el fallo del caso Gürtel que afectaba a la corrupción del PP, como recuerda hoy Hispanidad- se ha convertido en uno de los principales argumentos de ataque por parte del Gobierno al propio Tribunal Supremo. 

Y es que Pedro Sánchez, fiel a su estilo, ha mandado a los miembros de su ejecutivo a atacar al alto tribunal, acusándolo de prevaricar, la acusación más grave que se puede verter sobre un magistrado. Y ha mandado a sus 'esbirros' porque él tiene que disimular sus ataques o contemporizarlos, eso sí, adelantando que el fallo del Supremo no se quedará ahí, sino que hay "otras instancias jurisdiccionales en las que entiendo se tendrán que dirimir algunos de los aspectos -una vez se conozca el contenido de esta sentencia- que a lo mejor puedan ser controvertidos y que tengan que ser también dirimidos por estas instancias". 

Pero, con su mala uva habitual, Sánchez sacaba a pasear el wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, quien dijo que los populares controlarían la sala segunda del Tribunal Supremo "desde detrás". Según el presidente, "han sido otros los que han hablado de controlar la sala segunda por la puerta de atrás. Nosotros podemos lamentar este fallo y no compartirlo".

Hoy, por ejemplo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho: "En este país hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar de que tienen que salvar la patria, de que se hunde el Estado de Derecho".

Mientras que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha criticado el fallo del Supremo diciendo que "nunca había pasado que el Tribunal Supremo adelantara un fallo sin ningún tipo de argumentación", cosa falsa, como hemos dicho antes. Pero Alegría ha calificado el fallo como "absolutamente anómalo". 

A su vez, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, subrayaba la "ignominiosa" condena del Tribunal Supremo a García Ortiz, que a su juicio "pasará a la historia" como uno de los "intentos más descarados por parte de la judicatura reaccionaria de interferir en la vida política del país". Otra grave acusación de prevaricación al Tribunal Supremo. 

La misma que la de Yolanda Díaz, criticando que hay  una "parte de la judicatura" que se "cree impune" y ha vulnerado el principio de separación de poderes. Y ha añadido, con gran irresponsabilidad: "Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante y le pido a los españoles que se movilicen en defensa de la democracia y del respeto institucional en nuestro país". 

En definitiva, el Gobierno va a ahora a por el Tribunal Supremo tratando de desprestigiarlo y acusándolo de prevaricar. Hasta el punto de que ayer se convocaron varias manifestaciones en algunos lugares de España, como delante de su sede en Madrid -aunque con poca gente, esa es la verdad- y en otras ciudades. 

En el entretanto, el propio García Ortiz mandaba hoy al Gobierno su carta de dimisión, con un gran cinismo, diciendo que se trata "de un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española". ¿Y por qué no dimitiste nada más ser declarado como investigado por el Tribunal Supremo, que era lo que tenías que haber hecho y lo que hubiera hecho cualquiera con tu mismo cargo en cualquier otro país medianamente serio?  

Pero el mensaje que lanza este Gobierno es muy peligroso y ahonda en el guerracivilismo que nos trajo en su día José Luís Rodríguez Zapatero y que ha alcanzado sus más altas cotas con el Sanchismo...