Diario de la corrupción sanchista (LXXI). La exsecretaria de Ábalos confirma que Jéssica (expareja del ministro) le acompañó a 13 viajes oficiales y que “Koldo García los pagaba”

Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1-Caso Koldo: el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos -además de al empresario y comisionista Víctor de Aldama- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este caso también está siendo investigado el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Esta última parte del caso Koldo --la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública-- ha sido enviada por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, y está siendo investigado por el juez Ismael Moreno. Pero la derivada de las 'mascarillas' sigue en manos del Supremo, donde ya se está juzgando esta trama en vista oral, en la que están imputados Koldo García, su antiguo jefe José Luis Ábalos y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. 

Hoy, en el Tribunal Supremo, ha declarado Ana María Aranda, exsecretaria de Ábalos: "Las reuniones con Aldama no estaban agendadas, le veía aparecer por las dependencias del ministro, o solo o en ocasiones acompañado de Koldo García". Aunque sí recuerda que Aldama estuvo en un mínimo de tres reuniones oficiales con Ábalos, una de ellas con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y otra con el gobernador de Oaxaca (México). Aranda ha corroborado que el gabinete del ministro Ábalos extendía certificados de movilidad en el estado de alarma por el covid: "Koldo me solicitó salvoconductos o pases de movilidad para algunas personas, solo me lo pidió Koldo, no el ministro". También ha confirmado que Jéssica --expareja de Ábalos-- fue a 13 viajes oficiales y que "Koldo García pagaba esos viajes. Koldo me facilitó una tarjeta de crédito a su nombre".

Por su parte, Ignacio Díaz Bidart, que fue jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, ha confirmado que mantuvo un encuentro con Claudio Rivas (dueño de Villafuel) en el que se abordo la petición de una licencia como operadora de hidrocarburos. "Primero Koldo me hizo una llamada de teléfono y me habló de una empresa de hidrocarburos. Y el mismo día de la reunión, cuando yo estaba en una conferencia, me pasó una relación de personas y me habló de una comercializadora", ha señalado. Y respecto a lo que se abordó en la reunión, ha afirmado: "He estado revisando y lo primero fue una presentación de la empresa, luego hacen comentarios relativos a sus negocios y plantean una solicitud de una licencia. Les decimos que no somos competentes para este punto y les remitimos a la Secretaria de Estado de Energía". Pero "no me acuerdo si informé a la ministra".

También ha declarado esta mañana Rafael Pérez, que fue secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior durante la pandemia de Covid-19, quien ha afirmado que se contrató a Soluciones de Gestión, aunque "no fue la única", tras saber que "el Ministerio de Transportes tenía una línea para obtener mascarillas". "No le puedo concretar cómo supimos de esa línea de compra, hubo unos contactos y luego los órganos técnicos se pusieron a trabajar. Por lo que se refiere a mí, no se me dio el nombre de ninguna empresa". Ha añadido que "actuábamos con independencia del Ministerio de Transportes". Preguntada por la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, por si "recibió alguna llamada, mensaje, instrucción o sugerencia de Koldo García para que contratara con Soluciones de Gestión?", Pérez ha respondido: "Indicaciones específicas, no. Sí hubo contactos en el momento en que tuvimos conocimiento de que Transportes tenía esta línea de suministro y tuvimos contactos para ver si podíamos hacer uso de esa línea". 

Hay que recordar que en este juicio sobre las mascarillas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, declaró como testigo -y por escrito-, acerca de su relación con Koldo, que «al parecer, me envió algún mensaje, no lo recuerdo ni tengo constancia de ello». Sin embargo, un reciente informe de la UCO de la Guardia Civil -conocido el pasado 16 de abril-- reveló al menos 65 mensajes intercambiados entre ella y el ayudante de José Luis Ábalos, en el marco de las gestiones para lograr contratos de mascarillas en Baleares con la empresa Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama. En esas gestiones se implicó personalmente Armengol, según la UCO. 

Es decir, que Armengol mintió descaradamente al Tribunal Supremo, lo que constituye un delito. Por eso, el PP -que ejerce como acusación popular- anunció ayer que remitirá al Tribunal Supremo un escrito para que analice las “mentiras de Armengol en sede judicial”. 

Además, Libertad Digital añade que la defensa de Koldo García ha pedido una nueva declaración de Armengol en el Supremo, esta vez presencial, tras conocer el último informe de la UCO. 

Es decir, que se estrecha el cerco sobre Armengol... 

2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia-- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es". Además, cabe recordar que tanto la Administración Trump como Bruselas han vetado a la empresa china de telecomunicaciones Huawei, por el supuesto peligro de espionaje que representa. Y se da la circunstancia de que Zapatero es el representante de Huawei en Europa, como ha explicado Hispanidad, y en España, habiendo entrado como cliente de Telefónica, como también explicó Hispanidad.

Pues bien: la influencia china sobre Zapatero vuelve a escena hoy con la información revelada por El Confidencial, según la cual, la constructora Aldesa (controlada por capital chino) pagó 127.000 € a Análisis Relevante SL, entre 2021 y 2023, para que le consiguiera negocios y contratos.

3- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que  fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.

El pasado 16 de abril, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías declaró como testigo ante el juez Arturo Zamarriego que la fontanera del PSOE Leire Díez le hizo entrega de un USB con datos de sus investigaciones (efectuadas durante 3 años a sobre jueces, fiscales, policías y guardias civiles), aunque algunos medios dicen que esa información era relativa al caso ERE andaluz. El juez le ha requerido esa documentación y este ha facilitado al juzgado una copia, aunque el magistrado también le ha pedido el ordenador donde, según ha dicho, volcó toda la información.  Zarrías también reconoció ante el juez que, por medio de una sociedad, le pagó un total de 16.000 euros (4.000 euros al mes durante 4 meses) a Leire Díez para que investigara si José Manuel Villarejo estaba detrás del origen del 'caso ERE'. Aunque ha señalado que las investigaciones de Díez concluyeron que el comisario jubilado no tuvo relación con ese caso. 

Hoy, La Razón publica que el juez Zamarriego ha ordenado a la Policía Judicial que analice "urgentemente" el contenido del USB que Leire Díez le entregó Gaspar Zarrías.