Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.
La exvicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a Andalucía, María Jesús Montero, ha declarado hoy en el Senado, ante la Comisión de Investigación por las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI, donde, con una actitud chulesca y bronca, ha sacado su cara más prepotente: "Vengo a esta comisión y saben ustedes la intencionalidad que trae el Partido Popular", que obedece "solo y exclusivamente a los intereses electorales que tienen en Andalucía”. Montero ha defendido la "legalidad" de los rescates a Air Europa y Plus Ultra que, a su juicio, fueron “avalados por instancias nacionales y europeas”. Ha precisado: "No es un rescate, es un préstamo el que se le da a estas compañías".
Cabe recordar que el caso de la aerolínea Plus Ultra está siendo investigado por la justicia, en concreto, por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Y también está siendo investigado por la justicia el rescate de Air Europa, cuando el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid decidió investigar este último, efectuado por el Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre de 2020 con 475 millones de euros de dinero público, por un posible delito de prevaricación. La decisión de este juzgado llega tras la denuncia de la asociación Manos Limpias e implica la investigación a Bartolomé Lora.
2-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez -propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Como decimos, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama -titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".
Volviendo a la SEPI, El Mundo informa hoy de que el grupo estatal ha eximido a los dueños venezolanos de Plus Ultra de devolver el rescate de 53 millones que le concedió el Gobierno español.
Recuerden que hace una semana, en su comparecencia en el Senado, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, defendió el rescate de Plus Ultra porque era una empresa solvente, pero ojo, porque sólo ha devuelto 12 de los 53 millones del rescate.
Por su parte, The Objective informa hoy de que investigadores sospechan que el exministro de Transportes José Luis Ábalos utilizó la aerolínea venezolana Plus Ultra presuntamente para blanquear dinero a través de obras de arte, procedentes de África.
3.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) investiga a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En este caso, entre otras cosas, el juez sospecha que Cristina Álvarez, la ayudante de Gómez, pagada con dinero público, estaría dedicando su tiempo a realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. El juez también acusa a Gómez en su auto de aprovecharse de su "posición institucional" para impulsar su carrera y para "favorecer intereses estrictamente privados”. "Begoña Gómez habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid", decía el juez en su auto. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno.
Hoy, OK Diario publica que el juez Peinado tiene previsto querellarse contra el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, cuando cierre su instrucción, por atentar contra su honor por declaraciones como esta: "Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que, seguramente, en muchos aspectos, será irreparable".
Ayer, en la COPE, la jurista y profesora de Derecho Penal Gemma Martínez, declaró: "Hay indicios suficientes para llevar a Begoña Gómez a juicio porque en otros casos similares se ha hecho y se han valorado todas las pruebas en un juicio".
