Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Leire Díez:
Como recogió Hispanidad, según el sumario del caso Leire Díez, el jefe de la UCO de la Guardia Civil entre julio de 2023 y diciembre de 2025, el coronel Rafael Yuste, declaró ante sus subordinados (cuando estos le preguntaron por orden del juez Santiago Pedraz, el miércoles 27 de mayo) que el entonces director de la Guardia Civil Leonardo Marcos (cargo político nombrado por el Gobierno sanchista, entre junio de 2023 y septiembre de 2024) y el máximo jefe de la Guardia Civil, el Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, le presionaron para que sus agentes se “pusieran de perfil” en las investigaciones contra el entorno de Pedro Sánchez, por ejemplo, en las investigaciones a su hermano David, las cuales calificaron despectivamente como "prospectivas y malintencionadas”. El pasado 26 de junio, el general Yuste ratificó ante el juez Pedraz su declaración.
Ante estos hechos, el pasado 2 de julio, el juez Pedraz imputó a Llamas (y también a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González) en el caso Leire Díez. Y posteriormente, el pasado 29 de julio, también imputó a Leonardo Marcos.
Pues bien: Leonardo Marcos ha negado hoy ante el juez Pedraz haber presionado a la UCO de la Guardia Civil para que se "pusiera de perfil" en el caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. Y que tan solo quiso saber e dónde provenían las filtraciones en este caso. Ha llegado a declarar: "Yo siempre he pedido rigor".
-Resumen del Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas, ambas instruidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la AN, Santiago Pedraz): A) contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y B) operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.
Sobre este caso, el juez Pedraz levantó el pasado 1 de junio parcialmente el secreto de sumario, excepto en lo relativo a los contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la que figuran como investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo.
Además, el pasado 31 de julio, el juez Pedraz abrió también una pieza separada para investigar los presuntos pagos que realizó el PSOE para financiar las cloacas lideradas por Leire Díez.
2.-Caso PSOE: el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos. La investigación está bajo secreto de sumario. El pasado 12 de marzo, el empresario Víctor de Aldama entregó en secreto al juez un sobre que contendría pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE, en el que figuraban 250 millones de dólares en cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA.
Y hoy El Mundo publica que el juez Moreno ha pedido al PSOE y al Tribunal de Cuentas todas las donaciones recibidas otro el partido en la 'era Sánchez', concretamente entre los años 2017 y 2024. Este medio recuerda que en el año 2020 (año de la pandemia), el partido llegó a recibir un récord de donaciones de 837.506 euros y que el empresario Víctor de Aldama declaro en el Supremo que él mismo fue el vehículo del «pico de donaciones» que recibió el partido, supuestamente por un pitufeo irregular que Koldo le contó que se iba a montar...
Veremos lo que decide el juez Moreno. Pero ayer, en el programa Horizonte (Cuatro), Víctor de Aldama declaró (aludiendo a Pedro Sánchez): "Yo creo que este señor está muy nervioso. Si a este señor no le imputan por financiación ilegal del partido por ser secretario general, ya no sé qué pasaría. Yo lo que creo es que, con todo lo que está aportado y con lo que yo sé que se está avanzando, el PSOE va a ser imputado por financiación ilegal".
