El Rey de España Felipe VI ha presidido esta mañana el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.
En el acto han intervenido la presidenta del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.
El contexto de este evento lo constituyen los continuos ataques del Gobierno sanchista a los jueces que intervienen en casos que le son muy sensibles o que le afectan de lleno. El último ataque, el protagonizado por el ministro Óscar Puente contra la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye actualmente la causa sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio de 2026. Puente aseguró esta semana, sobre Tardón, que "hasta la fecha, ha dado muestras de que se puede dudar de su imparcialidad". Esto es una acusación muy grave, porque una cosa es criticar una sentencia y otra muy distinta, sugerir que un juez está prevaricando.
Más ejemplos de ataques sanchistas: las descalificaciones al juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez; los ataques al juez del Supremo Ángel Hurtado, instructor del caso 'García Ortiz'; o los recientes ataques al Tribunal Supremo por haber paralizado cautelarmente el voto de los nacionalizados por la ley de Memoria Democrática.
Así que había expectación por escuchar las palabras de la presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló, quien ha propinado un severo varapalo al Gobierno en general y a Puente en particular: “Puede discutirse la interpretación de la norma, la valoración de la prueba o la solidez, el razonamiento, su calidad, las decisiones de los jueces y magistradas no están sustraídos al debate público. La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra justicia justicia y por eso siempre será bienvenida por severa que pueda ser".
“Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución generalizada al juez de propósitos políticos o ideológicos”. (…) “En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones, expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva. Una acusación de esta naturaleza pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al derecho y compromete por ello uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la justicia y asimismo, al Estado de Derecho”, ha apuntado la también presidenta del Tribunal Supremo.
Perelló ha proseguido: “El presidente de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Matías Guyomar, ha advertido recientemente que estos ataques a los jueces socavan al estado del Dederecho. Así señaló, y cito textualmente, ‘cada vez que se ataca a un juez, por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de derecho, lo que se pone en tela de juicio’.
"Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto. Se proyecta sobre toda la función jurisdiccional. Y debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor”, ha ahondado la presidenta del CGPJ.
“Como han señalado los sucesivos informes sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea desde el año 25 y del año 26, y cito textualmente de nuevo los poderes ejecutivo y legislativo al comentar las decisiones judiciales deben evitar las críticas que me las caben la independencia de los tribunales o la confianza pública en la justicia. No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad”, ha añadido Perelló.
La presidenta del CGPJ también se ha referido a la “grave crisis en la que está sumida Ceuta”. “En una situación tan complicada, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del poder judicial con el Estado. Y en que los jueces y magistrados van a seguir trabajando trabajando y velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley. La realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras, el control ordenado de los accesos y que asegure al mismo tiempo la aplicación de las garantías previstas en nuestros ordenamiento jurídico”.
