Durante su intervención esta mañana en la apertura del año judicial, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha transmitido "un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta, que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras. Por ello quiero recordar la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas".
La Fiscal General del Estado también ha destacado el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, en su lucha contra la corrupción, que "erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos y compromete los principios de integridad y servicio al interés general que deben presidir toda actuación pública". "La investigación y persecución de estas conductas exige del Ministerio Fiscal el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo", ha añadido. Y ha afirmado que la lucha contra la corrupción "constituye una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española".
Peramato también se ha referido al "papel constitucional del Ministerio Fiscal frente a visiones que cuestionan injustificadamente su actuación". "Vivimos en una sociedad caracterizada por una creciente demanda de transparencia y por una legítima exigencia de rendición de cuentas a las instituciones públicas", ha dicho.
La Fiscalía "acepta esa exigencia". "Pero transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad".
Peramato también se ha mostrado a favor de que la Fiscalía instruya las causas, algo que pretendía hacer Félix Bolaños en su reforma judicial: "La experiencia comparada demuestra que los sistemas más avanzados de nuestro entorno jurídico atribuyen al Ministerio Público un papel protagonista en la investigación de los delitos, bajo el control y garantía de un juez imparcial encargado de velar por los derechos fundamentales".
Como todo el mundo sabe, esto supondría el fin de la independencia judicial, que es lo que pretende el sanchismo, aunque todavía no lo ha conseguido. Lo inquietante es que también lo defienda la fiscal general del Estado... aunque, como dijo Sánchez, la Fiscalía dependa del Gobierno.
Peramato ha reconocido que "en ocasiones se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos en los que intervenimos". "Se cuestionan duramente decisiones procesales concretas sin atender a los fundamentos legales que las sustentan. Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos, con sujeción exclusivamente a la Ley".
Autobombo: Peramato ha explicado que el Ministerio Fiscal "está integrado por mujeres y hombres altamente cualificados que acceden a la carrera tras superar uno de los procesos selectivos más exigentes de la Administración pública", ha añadido.
"La actuación de todos ellos se rige por los principios de legalidad e imparcialidad y sus decisiones están sometidas al criterio último de los tribunales. Sus dictámenes y escritos procesales se fundamentan únicamente en criterios jurídicos". "La fortaleza del Ministerio Fiscal no descansa en quienes, de forma transitoria, ocupamos puestos de responsabilidad". "Se sustenta en la integridad, la profesionalidad y la dedicación de quienes integran la carrera fiscal y, sobre todo, en el compromiso cotidiano de sus 2.804 miembros, que pronto serán más de 3.000, con el servicio público de la Justicia".
